En el 2008 se perdieron en Colombia aproximadamente 600.000 empleos. Y si en el 2009 el ritmo de crecimiento cae dos puntos adicionales -lo cual no es improbable- se perderían otros 400.000 puestos de trabajo.

Es decir, en el breve lapso de dos años se habrá destruido casi un millón de empleos en Colombia. El problema es monumental. Y, guardadas todas las proporciones, es de mayor magnitud que el explosivo desempleo que agobia a la economía norteamericana por estos días.

Digo que el Gobierno no parece haber tomado conciencia del problema, no porque no hable de él: lo hace con frecuencia, sino por la debilidad de las medidas que ha anunciado hasta el momento.

En efecto, anunció un plan de choque que incluye algunas acciones de las cajas de compensación familiar para que se coordinen mejor con el Sena; manifiesta buenos propósitos para intensificar la construcción de Vivienda de Interés Social; anuncia la creación de unas comisiones burocráticas en cada uno de los departamentos; y recicla el anuncio de unas cifras (que no incluye un solo peso nuevo que no estuviera ya previsto en el presupuesto original del 2009), para adelantar obras de infraestructura. Lo anterior está bien. Sobre todo si se le imprime celeridad a la desorganizada contratación de obras públicas y de carreteras.

Pero ¿le harán estos débiles anuncios siquiera cosquillas al monstruo del desempleo que está despertando con furia? Los anuncios de mayor celeridad en la contratación de obras públicas no han comenzado con buena fortuna.

Por el contrario, al día siguiente de lanzarlos a los cuatro vientos, el director encargado del Invías anunció que se suspendía la adjudicación de los 17 corredores viales, llamados 'de la productividad', por graves defectos en los pliegos licitatorios. Y así por el estilo, la celeridad con que se inician las obras públicas parece ir en contravía a la intensidad de los anuncios publicitarios. Y mientras tanto, sobre las medidas de fondo que podrían traer un alivio importante al grave problema del desempleo, el Gobierno prefiere pasar en puntillas. Veamos.

Fedesarrollo, entre otros, advierte sobre el desaliento que está causando a la generación de empleo formal las altísimas tasas de parafiscales que prevalecen en Colombia. Sumadas unas con otras representan más del 50% del salario básico. Las más altas de América Latina. Sin embargo, el Gobierno se apresura a notificar que nada puede hacerse al respecto.

Otro ejemplo, la desoída comisión de gasto público, que rindió su informe en el 2007, denunció la catarata de descuentos y gabelas tributarias que se han otorgado a manos llenas durante los últimos años. Además del escalofriante costo fiscal que está teniendo (la sola deducción para la adquisición de activos le está costando al fisco más de $3 billones), es una política que causa desempleo. Encarece el factor trabajo con relación al capital.

Sin embargo, el Gobierno sigue prestando oídos sordos a esta advertencia. Continúa regalando con fruición plata a unos pocos sectores privilegiados. Como consecuencia de ello, el sistema tributario colombiano tiene que recostarse cada vez más en los impuestos sobre los salarios y sobre los consumos. El impuesto a la renta sobre los grandes capitales ha perdido toda progresividad como resultado de la feria de gabelas.

Entre tanto, se sigue distorsionando la asignación de recursos en la economía: se encarece el factor trabajo con relación al capital, y se le continúa echando leña -por la misma política fiscal- al desempleo. La corrección de estas malformaciones serían medidas de fondo que ayudarían a que el desempleo no explote. Pero el Gobierno prefiere pasar en puntillas.