Falta voluntad política
18-12-08 -
Era claro para la Comisión Independiente de Gasto Público que el país requiere un pacto de responsabilidad fiscal. En un escrito aparecido en la edición de PORTAFOLIO del pasado lunes, Guillermo Perry y Mauricio Olivera, se lamentan de que el Gobierno no pueda ayudar a amortiguar la desaceleración económica con un programa vigoroso de inversión en infraestructura, fundamentalmente, porque la estructura presupuestal adolece de graves fallas que impiden la configuración de una política financiera acorde con las necesidades del país.Con el artículo buscan reabrir un debate que lleva muchos años, sin resultados concretos; y, lo peor de todo, sin posibilidades ciertas de llegar a resolver los problemas.
Para no abundar demasiado, baste recordar el análisis riguroso y profundo que hizo la Comisión del Gasto Público en 1996, plasmado en un capítulo especial del Informe final y la mención explícita que se formuló en el texto del informe presentado por la Comisión Independiente de Gasto Público en mayo de 2007.
En esa oportunidad se dijo que las instituciones fiscales son parte esencial del desarrollo institucional y que la falta de consenso democrático en torno a un pacto fiscal suele conducir a prácticas indeseables. Infortunadamente, después de ocupar un lugar preeminente entre los países de América Latina por la calidad de sus instituciones presupuestales, Colombia no aparece ya entre los primeros.
Era claro para los miembros de la Comisión que el país requiere un pacto de responsabilidad fiscal que involucre a todos los sectores de la sociedad, para acordar una nueva distribución del gasto y para definir las reglas que fijen los límites de participación del Estado en la actividad económica. Nada se hizo y nada se hará de persistir la falta de voluntad política que caracteriza el comportamiento de la mayoría de los miembros del Congreso, que muy poco se preocupan por la buena política fiscal. A ellos les vasta negociar unas pocas partidas con impacto reducido en sus lugares de origen, pues así pueden hacer el mercadeo de su mercancía política.
Aunque el Gobierno actual hizo lo posible por modificar el Estatuto Orgánico, presentando un proyecto de ley, no tuvo éxito en el empeño, pues la iniciativa pasó a mejor vida gracias a la desidia de los Honorables. A pesar de que los autores de la nota citada le atribuyen a Planeación Nacional y a la Dirección de Presupuesto la culpa de no haber establecido sistemas eficaces de monitoreo y evaluación de programas específicos, que sean utilizados de manera efectiva en la preparación del presupuesto, el problema va mucho más allá. Fundamentalmente, la deficiente normatividad en materia de presupuesto parte de la desconfianza sobre la cual se construye la legislación.
La inflexibilidad presupuestal, las rentas de destinación específica -supuestamente abolidas-, la defectuosa definición del concepto de gasto social, la aparición de la nueva figura del orden de prelación constitucional y el peligroso manejo que se le está dando a las vigencias futuras, son expresiones de la falta de seguridad de los actores sobre el cumplimiento de las responsabilidades y los límites de la acción de cada uno. Para asegurarse de que las cosas se harán, le ponen a la norma toda suerte de condiciones y de cortapisas. Así es imposible llegar al meollo del caso.
rosgo12@hotmail.com Gabriel Rosas Vega Ex ministro de Agricultura