Rusia y Putumayo
10-12-08 -
Un estimado amigo y colega me envió un artículo del economista Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, publicado hace casi ocho años, sobre la célebre pirámide Rusa de mediados de los noventa ('La Pirámide Financiera MMM', revista Perspectivas No. 127).Kaufmann argumenta que después de casi ocho décadas de régimen de planificación central, los consumidores de la antigua Unión Soviética eran especialmente vulnerables a caer víctimas de esquemas como el de la pirámide MMM.
El ensayo de Kaufmann permite reiterar lo que este servidor ha venido diciendo sobre la naturaleza del problema de las pirámides desde el punto de vista estatal: Que se trata de un asunto de protección a los consumidores, y no de un oficio a cargo del Superintendente Financiero. Sin pretender que el Estado pueda meter las narices en todos los contratos y transacciones privadas, sí hay una obligación gubernamental de garantizar los derechos básicos de los consumidores en una economía diversificada y compleja; Kaufmann hace un recuento de tales derechos.
El primero de ellos es el de la información adecuada por parte de los proveedores de bienes y servicios. En ausencia de un servicio estatal que obligara a los proveedores de 'servicios' de las pirámides colombianas a revelar amplia y detalladamente la naturaleza de sus propuestas, se impuso la publicidad abiertamente engañosa; el dispositivo del rumor, del boca a boca, de las historias de rendimientos absurdos se tomó la mente colectiva de la población. Y el Estado colombiano no estuvo para obligar a los empresarios/estafadores a revelar la información relevante. Los ciudadanos tienen igualmente el derecho a la educación en su condición de consumidores. Sólo así se puede garantizar el derecho a la libre elección entre alternativas de consumo o de uso del ahorro en esquemas financieros. Ninguno de estos derechos ha sido tutelado eficaz y oportunamente por el Estado colombiano.
Otro de los derechos de los consumidores es el derecho a la reparación, a la compensación de los daños causados por bienes y servicios 'defectuosos'. En este aspecto, al final de las quinientas el Estado colombiano ha entrado a ver cómo logra alguna reparación a los damnificados. Después de unas ofertas gubernamentales francamente atrabiliarias, ahora estamos en procesos formales de liquidación. Es de esperar que, más allá de los costos que implica administrar todos esos procesos, no salga un solo peso del tesoro público para compensar a los estafados.
Ello, claro está, a menos que el Estado salga castigado en pleitos judiciales por haber fallado en su obligación de proteger a la población consumidora. Leyes y regulaciones al respecto son abundantes en el edificio institucional colombiano.
Los consumidores también tienen el derecho a organizarse y a tener voz para opinar, para quitarse, para protestar cuando sus proveedores incumplan. Este, lamentablemente, es un campo vacío. Ojalá las tragedias de ahora logren estimular un espíritu de organización y solidaridad de la población consumidora.
La historia que Kaufmann cuenta de la pirámide MMM tiene impresionantes similitudes con el caso colombiano de hoy. El dirigente del esquema, un señor Mavrodi, fue defendido hasta último momento por los 'accionistas' de su 'empresa'. Llegaron hasta elegirlo como diputado en la Cámara Baja del parlamento ruso y lo lanzaron como candidato a la Presidencia de la Federación. Para las víctimas de la estafa, la responsabilidad del colapso no fue de Mavrodi sino del Estado ruso, y cuando éste intervino, la principal exigencia del público era que se debía mantener abierto el negocio y dejar en libertad a su gerente. Algo va de la economía de Rusia a la de Putumayo, pero la historia de la estupidez humana es universal.
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CÉSAR GONZÁLEZ MUÑOZ Consultor privado