La Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria de 2009 plantea erradicar el hambre del planeta como el desafío esencial y, en consecuencia, la Declaración manifiesta el compromiso de  adoptar medidas urgentes en esta dirección. Para ello plantea cuatro objetivos estratégicos (plena realización del primer ODM, gobernanza de la seguridad alimentaria, promoción de nuevas inversiones y atención al cambio climático) y retoma los cinco Principios de Roma como base de las acciones (inversión asociada, coordinación estratégica, derecho a la alimentación, multilateralismo, inversión en la agricultura).

Estos buenos propósitos contrastan con la ausencia de dirigentes del G8 y expectativas insatisfechas debido a la falta de nuevos fondos para combatir la pobreza así como de medidas concretas, todo lo cual se traduce en un sentimiento de decepción que en el cubrimiento mediático se ha calificado como fracaso. En síntesis, el “Fiat panis” que se propone desde la FAO no logra convertirse en el imperativo que acate la humanidad entera, por el contrario, sigue siendo apenas un bonito lema.

No obstante, algunos líderes respondieron a la cita y lanzaron serias críticas al estado de cosas actual y plantearon cuestiones que invitan a la reflexión y a la acción. “Sin horizontes, sin esperanza, sin futuro para más de mil millones de seres humanos, ¿cómo esperar una convivencia armoniosa y cooperativa entre los pueblos?”, señaló Lula al final de su intervención. Por su parte, la chilena Bachelet manifestó que “será imposible resolver el problema del hambre si no ponemos, de una vez por todas, el problema de la inequidad, al interior y entre los países, en el centro del debate mundial”.

De igual forma, es importante resaltar la presencia y las palabras de Benedicto XVI quien retomó algunas de las ideas contenidas en la Caritas in Veritate y afirmó: “El hambre es el signo más cruel y concreto de la pobreza. No es posible continuar aceptando la opulencia y el derroche, cuando el drama del hambre adquiere cada vez mayores dimensiones”.

Podemos optar por seguir delegando estas realidades problemáticas en las instituciones que insisten en demostrar su incapacidad para resolver las cuestiones sociales, pero también podemos otorgar el papel protagónico que jugamos nosotros las personas de carne y hueso. Los pobres resultados de esta cumbre pueden ser una invitación para abandonar la miseria con la que enfrentamos nuestras necesidades sociales más sentidas y asumir la solidaridad como valor que oriente convicciones personales y decisiones colectivas.

En el marco del Congreso del CLAD celebrado la semana pasada en Brasil, se dedicó un espacio a la Carta iberoamericana de participación ciudadana en la gestión pública, iniciativa que se lanzó recientemente en Portugal como el resultado de un esfuerzo de varios países -Colombia incluido- en orden a proponer un lenguaje común sobre la democratización de la gestión pública en Iberoamérica para su mejoramiento al servicio de la ciudadanía.

La Carta define la participación como “el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos” y se concibe como un instrumento para la creación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Nuria Cunill destacó que la propuesta de concebir la participación como derecho la ubica en terreno nuevo y desafiante dado que la inscribe en la nueva generación de políticas públicas con enfoque de derechos, esto es, universalidad antes que focalización como principio de la búsqueda de la equidad, exigibilidad de derechos y petición y rendición de cuentas.

Este escenario conduce y conecta con la democratización de la gestión pública ya que  incorpora la posibilidad y necesidad de la ciudadanía como actor político directo que incide en la gestión pública desde la diferencia antes que desde los tradicionales recursos de poder que traducen intereses particulares en asuntos públicos. Es decir, se trata de fomentar espacios de participación durante todo el ciclo de las políticas a la luz de la incidencia en detrimento de la instrumentalización.

En síntesis, tres son los elementos de la nueva participación propuesta en la Carta: inclusión de todos desde la diferencia, incorporación en la totalidad del ciclo y comprensión de la gestión pública más allá de la lógica económica de oferta de servicios sociales. Todo lo cual se traduce en la presencia de ciudadanos con voz, en lugar de clientes, en la conformación de las políticas.

Una de las primeras conferencias estuvo a cargo del profesor español Francisco Longo de ESADE quien se refirió al tema de la gobernanza, resaltando que el proceso de apertura a su medición y mejoramiento consiste en experimentar, derivar inferencias, actuar con base en el conocimiento y retener el conocimiento (aprendizaje social). En este sentido, existen dos grandes tareas para este proceso: construir espacios de política capaces de favorecer la experimentación social orientada a garantizar políticas públicas de calidad y promover las instituciones que fortalezcan una vigorosa deliberación pública.

Teniendo en cuenta la definición y clasificación que ofrece North -reglas de juego que pueden ser formales como la constitución y reglamentación específica, pero también informales como los códigos de conducta y las tradiciones-, Longo plantea que, sin duda,  la relación entre instituciones formales e informales debe concebirse como un asunto recíproco. Es preciso tener en cuenta la interiorización ciudadana de las decisiones colectivas, lo cual pasa por las conductas y reacciones propias de las instituciones informales.

Instituciones políticas como los partidos, la competencia electoral, la representación, la distribución territorial y la integración supranacional requieren fundirse con el potencial de instituciones informales como los matices del liderazgo político, la capacidad socializadora del sistema político, el activismo ciudadano y sus iniciativas vigilantes. Pero no solo las instituciones políticas requieren esta amalgama, también lo requiere la seguridad y la justicia, las instituciones de mercado, la gestión pública y el capital social de la sociedad civil.

Se trata pues de un punto de partida de una discusión que puede orientarse por la cuestión de cómo lograr armonía institucional, de cómo complementar, en lugar de anteponer, la coerción de las instituciones formales con la convicción de las instituciones informales.  

En este sentido, Belisario Betancur ofrece luces cuando, a la luz de los planteamientos de Morin, critica la incompetencia del reino de los expertos ya que los grandes temas de la humanidad son transversales, planetarios, en virtud  de lo cual, el conocimiento no puede ser solo dominio de expertos. “Es preferible una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena”, señaló el ex presidente al final de su exposición.  

La intervención de Morin comienza con la invitación a concebir una visión transdisciplinar del pensamiento ya que la especialización del saber conduce a puntos ciegos en donde se logra identificar objetos pero no se examina el sujeto. Se trata de una invitación al diálogo con nexo humano, es decir, comunicación entre saberes vinculando interrogantes a partir del ser humano.

Por otra parte, el ilustre visitante francés enfatiza la ambigüedad de la noción estrictamente económica del desarrollo toda vez que una buena intención puede estar acompañada de efectos perversos no previstos, razón por la cual, es posible hallar resultados positivos como las mejorías materiales y nuevas libertades, al igual que resultados negativos como la destrucción de la solidaridad tradicional, la degradación ambiental, el olvido del saber vernáculo.

De igual forma, destaca la incertidumbre propia del desarrollo asociada a la irrupción de contradicciones éticas que solo se abordan desde salidas provisionales, por tanto, sugiere la necesidad de pensar las nuevas estrategias de desarrollo humano desde una ética con tres connotaciones: la dignidad personal, la comprensión de los actos de los otros y el reconocimiento de la interdependencia comunitaria.

En suma, diálogo de saberes, superación de la inteligencia ciega, comprensión humana y centralidad de la ética son, entre otros, los rasgos que deben enriquecer la reflexión respecto a la estrategia que tiene como finalidad alcanzar verdaderos logros en desarrollo humano.

Esta situación hace manifiesta la necesidad de contar con mecanismos de expresión ciudadana que permitan hacer frente a decisiones de carácter jerárquico. Para ello, los gobiernos locales constituyen un escenario de deliberación ciudadana alrededor de los retos de política exterior que trascienden las fronteras trazadas por los acuerdos de carácter nacional. Por ejemplo, la promoción de alianzas en asuntos cruciales de desarrollo local como la cooperación internacional, el turismo, la educación y la cultura, entre otros, representan áreas de trabajo en las que se pueden alcanzar acuerdos que permitan ensanchar el marco de la política exterior nacional.  En este sentido, ciudades y regiones de nuestro país tienen un camino por explorar con el fin de lograr arreglos legítimos de intercambio social, económico y cultural con otras ciudades y regiones del mundo.  

Por fortuna, el tono de las declaraciones tanto de Correa como de Uribe ha cambiado y, con base en hechos ciudadanos como los del pasado sábado, es posible vaticinar que estamos cerca de escuchar una declaración bilateral que permita reanudar la normalidad de las relaciones entre dos naciones que se necesitan mutuamente. No obstante, los territorios colombianos con cercanía cultural, comercial o geográfica con Ecuador y otros países, están llamados a profundizar la política exterior local con el fin de ampliar las posibilidades de desarrollo.

Es posible acoger las interpretaciones optimistas que aparecen en los medios a propósito de la visita del más reciente premio Nobel de economía, pero además es necesario reconocer que nuestras cuestiones sociales no terminan allí. La crisis que persiste, es la crisis humanitaria, la que nos encierra en posiciones cómodas que solo permiten ver datos en lugar de privaciones humanas: desempleo, pobreza, desigualdad.

En este sentido, es necesario promover el debate público y tomar las decisiones que hagan desaparecer el aparente carácter inevitable del desempleo como precio que debemos pagar a causa de la crisis que ya pasó. Es preciso también, enfrentar la crisis humanitaria de nuestro país que, en materia económica, permite que el tiempo de bonanza nacional coincida con la ausencia de logros en la cuestión de la desigualdad, pues de acuerdo con la MESEP, el coeficiente de Gini para el 2008 se ubica en 0.59, idéntico valor al registrado en 2002.

La cuesta arriba de la recuperación económica tiene su punto de partida en la discusión, ejecución y evaluación de políticas públicas más humanas. Para ello debemos superar la visión de paisaje inmodificable que caracteriza nuestra lectura de los fenómenos sociales, de tal manera que comencemos a reconocer que detrás de las cifras están las personas que sufren a diario las más diversas formas de privación asociadas con las penurias económicas, la ausencia de oportunidades y la negación de derechos.

El debate global evidencia la cuestión de marras cuando las críticas enfilan baterías en contra de la globalización como causa unívoca de pobreza y desigualdad, mientras que los defensores argumentan la capacidad incuestionable de los mercados mundiales para generar riqueza. Aunque las consignas efectistas de uno y otro cuño no constituyen una fuente confiable de argumentos, es preciso considerar este juego de dudas y certezas como aporte elemental que puede enriquecer el razonamiento público.

La pobreza y desigualdad mundiales son un fracaso de los arreglos institucionales antes que el resultado previsto por cabecillas perversas del orbe; son contingencias que pueden no suceder siempre que existan acuerdos sociales, políticos y económicos apuntando en esa dirección. Pero el primer paso para alcanzar acuerdos más justos consiste en construir un debate público que preste suficiente atención a la problemática que impide el desarrollo humano integral, un debate de escala mundial con una profunda vocación humanitaria que promueva el interés y la participación desde todos los rincones del planeta.

Un posible punto de encuentro para esta deliberación global son los denominados asuntos intermésticos que, al decir de Lowenthal, son cuestiones con aspectos internacionales y nacionales simultáneos y, debido a la interdependencia demográfica, van desde la educación a la atención de la salud, desde remesas de dinero a licencias para conducir y desde bandas juveniles a pensiones por jubilación. Cabe anotar que más acá de la desaparición de fronteras y sus repercusiones en políticas de seguridad social para nativos y migrantes, este término se puede enriquecer con la preocupación por la cooperación, la solidaridad y la justicia entre los pueblos.

Las escuelas del nuevo institucionalismo por ejemplo, explican la creación, sostenibilidad y transformación de los diseños institucionales en función de su servicio a la eficiencia del mercado, a la legitimidad de las convenciones sociales o a la evolución que definen algunos eventos históricos. Tales enfoques se traducen en debates públicos que centran su interés en las formas institucionales antes que en sus protagonistas: las personas.

Las instituciones importan, pero más importante aún son sus cambios y son las personas las protagonistas de esas innovaciones. Las instituciones pueden entenderse como las reglas de juego que condicionan y limitan las actividades humanas pero también deben entenderse como instrumentos que facilitan la tarea de ensanchar el marco de lo posible.

Más acá de las instituciones, están la vocación y responsabilidad de cada persona para contribuir en la tarea del desarrollo humano integral. Es ahí donde la caridad y la verdad se materializan en fraternidad universal. Por tanto, al pensar la problemática del desarrollo en nuestro entorno, en lugar de delegar en instituciones nuestra responsabilidad (o complicidad) o en culpar a los más necesitados de sus males, es conveniente asumir con convicción este mensaje Pontificio de tal forma que nos permita preocuparnos por el otro y ocuparnos del otro. 

Sólo el subtítulo desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad ofrece nociones de la riqueza intelectual y espiritual de la Encíclica. En particular, la reciente declaración vaticana nos recuerda la necesidad de la coherencia entre vida personal y vida social, como también entre micro relaciones –amistades, familia– y macro  relaciones –políticas, económicas–. En este sentido, un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la caridad auténtica que solo puede edificarse desde la acción personal, por ejemplo, la justicia no solo corresponde a un sistema de derechos y deberes sino que se enriquece con la manifestación de la caridad auténtica en las relaciones humanas, al respecto el numeral seis asegura que “[q]uien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos”. De igual forma, el compromiso por el bien común también sienta sus bases en la vivencia social de las personas que trasciende la búsqueda del bien individual para promover el bien de toda la familia humana.

Además, la visión integral del desarrollo y los retos en materia social, económica y política que nuestro tiempo le impone, el mercado con lugar para la solidaridad y la confianza recíproca, la apertura responsable a la vida,  la ética amiga de la persona, el uso inteligente de la naturaleza, el uso ético y responsable de la técnica, entre muchos otros, son temas que exigen una lectura juiciosa del texto Pontificio antes que apresurarse a emitir juicios con base en la cobertura mediática.

Para quienes trabajan la política, la economía y la técnica, se trata de un documento que amerita ser estudiado a fondo. Es una oportunidad para entender por qué la fe y la razón, antes que mundos separados, permiten enriquecer las posibilidades de la vida social por medio de la coherencia en la vida personal. En resumen, la tarea consiste en leer la encíclica en clave de incidir y servir a la causa del “desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres”, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos.

Se aprecia una postura que defiende la ética como piedra angular de la realidad económica, política y social desde la que el actual Papa abordará las cuestiones sociales del mundo.  De acuerdo con un discurso de la semana pasada, Benedicto XVI también ofrece pistas del contenido encíclico cuando resalta “la búsqueda de los valores y reglas a los que debería atenerse el mundo económico para implementar un modelo de desarrollo más atento a las exigencias de la solidaridad y más respetuoso de la dignidad humana”.

Se trata de una invitación a renovar el compromiso que como ciudadano tiene toda persona, católica o no, para superar las barreras que la avaricia y el egoísmo han impuesto en las relaciones humanas. El contexto internacional de crisis humana en el que nace esta nueva encíclica tiene el agravante de una sociedad colombiana que, parafraseando a de Roux, prefiere la seguridad de las empresas a la seguridad de las personas. Es decir: se suele pensar que el dinero es más importante que la gente.

Un líder de nuestro tiempo como Ratzinger debe ser entendido con la convicción de que la nueva encíclica social será fuente de inspiración y estímulo al pensamiento para tomar las decisiones que vayan en sintonía con el bien común y con la dignidad de la persona humana, las únicas que pueden ayudarnos a superar la crisis actual.