El tema no se limita a si se actuó o no dentro de la legalidad, cuando se regalaron dineros públicos a familias ricas.

Lo que debe someterse a un examen ético es la concepción del desarrollo que ha inspirado éstas y otras políticas económicas y sociales de este Gobierno. El señor presidente Uribe y su ex ministro Arias lo dicen sin sonrojarse: son los ricos los que hacen crecer la economía, generan empleo y aumentan la competitividad.
Con absoluta convicción lo dijo el ex ministro, cuando defendía su estrategia en Carimagua, y cuando justificó los créditos no reembolsables para familias de acaudalados empresarios, en medio del escándalo de los concursos de AIS. Es el modelo, y por ello, se requiere mucho más que la devolución de los dineros de aquellos que fraccionaron sus fincas. ¿O es que el crédito no reembolsable del hijo de Alirio Villamizar no es una apropiación indebida de los dineros públicos?

El AIS debía minimizar los costos del TLC con Estados Unidos, que claramente recaían sobre la producción campesina, pero su justificación ahora es otra: aumentar la competitividad del sector agropecuario que terminó en regalos de recursos públicos para grandes empresarios, reinas de belleza y hasta para individuos al margen de la ley. En aras de la cacareada competitividad, todo se vale. Se requiere una explicación del Gobierno: los campesinos son los directos perjudicados al tener que competir con productos agrícolas altamente subsidiados de los países desarrollados.

Entonces, ¿cómo se justifican los regalos a los grandes empresarios del campo con el dinero de todos los colombianos? ¿Quién autorizó al Gobierno para cambiar el objetivo de AIS?
El verdadero debate es ético y no legal. Lo que se debe recordar es que la función del Estado en general, pero del Ejecutivo en particular, es la gente, su bienestar y especialmente, aquella que está lejos de tener una vida digna. Tiene que asegurar la igualdad de oportunidades y garantizar los derechos fundamentales de la población que ya no son solo los políticos -lo dice Naciones Unidas-, sino la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, entre muchos otros. Estos objetivos están muy lejos de cumplirse en el sector rural de este país. La pobreza allí ha llegado a más del 60%, mientras la urbana es del 46% y la indigencia al 30%, superior a la urbana que es del 17%. Por consiguiente, la política rural debería ser la más redistributiva del país; eso es lo que debe hacer un gobierno, y en general un Estado que sea fiel a su responsabilidad.

Por ello, son absolutamente inaceptables, más aún, repudiables, los regalos de dinero público de Agro Ingreso Seguro. Y aquí le cabe una gran responsabilidad política, no sólo al ex ministro Arias, sino al Presidente de la República, inspirador del modelo y quien comparte esta filosofía. Pero también estos empresarios privilegiados tienen una deuda con el país y deben devolver de inmediato estos dineros. Todos los beneficiarios del concurso de riego y drenaje, no sólo los que hicieron trampas. De no hacerlo, cargarán toda la vida con el pecado de contribuir a las profundas injusticias de este país.

Pero hay más. Lo que los concursos del AIS han hecho, tanto para riego y drenaje como para compra de tierras supuestamente para familias desplazadas, es algo realmente miserable: poner a competir a los pobres con los ricos, lo que constituye un crimen del que no se salva ni el Ministerio y ni siquiera el IICA. Es inexplicable que el Ministerio no se diera cuenta que estos requisitos exigían un conocimiento que sólo los grandes empresarios del campo tenían o en su defecto podían comprar. Si no pusieron estas exigencias con premeditación y alevosía para excluir de entrada a los pobres, entonces, el Ministro y su equipo desconocen la situación de precariedad del campesinado colombiano y por lo tanto, deberían ser sancionados por ignorantes.

También el IICA le falló al sector rural colombiano, y por lo tanto, tiene su dosis de culpa. Si los ponen a asignar estos regalos estatales. Para cualquier novato, y el IICA no lo es, era evidente que en estos procesos sólo podían participar quienes de hecho lo hicieron. ¿Dónde quedó la experiencia de sus técnicos que si están en Colombia es porque conocen la situación del campo?

¿Es para este organismo internacional razonable resolver problemas de pobreza y marginalidad a punta de loterías individuales, contradiciendo los principios conceptuales de la competitividad territorial? Y peor aún: ¿a nadie se le ocurrió hacer lo que hizo la revista Cambio? Aun suponiendo que no conocían los nombres de los beneficiarios, ¿la concentración en ciertos departamentos no minifundistas y dedicados a la agricultura comercial, no les prendió las luces rojas?, ¿o es que el IICA le teme al Ministro?

Ha quedado en evidencia que la intervención de instituciones multilaterales en las políticas públicas, lejos de ser un aval, puede terminar convirtiéndolas en cómplices de actuaciones perversas. Este tema, el papel del IICA en Agro Ingreso Seguro, debe llegar al directorio de esa entidad en Costa Rica. Desde hace tiempo se usan las instituciones internacionales por parte del Gobierno, para evadir controles internos o para avalar políticas, que como ahora, son injustificables. Este es un debate pendiente, sin desconocer que la labor de estas instituciones, en otros casos ha sido valiosa.

Claro que Agro Ingreso Seguro "se construyó con paredes de cristal, es transparente", como dice el ex ministro Arias. La transparencia consiste en que es abierta y explícitamente parte del modelo prorico, de la famosa Confianza Inversionista que tiene como supuesto que sólo los ricos - el campo en este caso- son los que generan desarrollo, y que los pobres se deben limitar a ser peones. Esa es la famosa contrapartida de la que habla Arias.

Toda la discusión ha caído sobre la política rural, pero si se hila más delgado, la famosa confianza inversionista aplicada a la industria también tiene la misma perversión: poner a competir a los pobres con los ricos. ¿O es que un microempresario puede poner todo el dinero que se requiere para conseguir un contrato de estabilidad jurídica?

No más cortinas de humo: en Agro Ingreso Seguro se construyó un modelo para determinar los ganadores de recursos no reembolsables, que condujo a la apropiación indebida de los dineros públicos. Que la justicia determine qué debe pasar con los abusos de los privados, pero este hecho, no puede ocultar la gravedad de la actuación del Gobierno. Devolver la plata no resuelve el problema de fondo. El problema es el modelo.

Algunos requisitos

Convocatoria proyectos de riego y drenaje

a. Financieros

- Tener una tasa interna de retorno mínimo de 12%.

- Ofrecer una contrapartida del 20% del valor del proyecto, conformar un encargo fiduciario con el 50% en efectivo de la contrapartida.

b. Técnicos

- Estudios de climatología y oferta hídrica, cálculos de evaporización, levantamientos topográficos y de geotecnia.

- Caracterización agrológica, estudios de suelos.

- Estudios de mercado y estudios agropecuarios.

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO. Senadora