La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia conformada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, y otras personalidades (Paulo Coelho, Antanas Mockus, Sergio Ramírez, Enrique Santos Calderón, Mario Vargas Llosa...), dice algunas cosas y otras no.

Reconoce que la guerra global contra la droga solo se ganará cuando los países consumidores reenfoquen la problemática y trasladen su manejo del 'prohibicionismo' al ámbito de la salud pública (E.U.), con medidas preventivas para reducir la demanda (UE). A falta de una y otras, la 'guerra' de los países productores contra la droga se pierde y acarrea costos humanos, económicos, sociales y ambientales desproporcionados para su población, sumados al maltrato humano de quienes la consuman en cualquier lugar.

No dice en cambio la Comisión que precise despenalizar producción y, menos, narcotráfico. Tan solo pide "alternativas a políticas de represión indiscriminada" y, en cuanto a ésta, concentrarla en el crimen organizado. Concibe inclusive "la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones límite según la decisión de cada país". Aboga por 'respuestas innovadoras', llamadas a ser debatidas por los gobiernos y la sociedad civil nacional e internacional, y que trasciendan las tres grandes convenciones antidroga vigentes.

Motivan sus 'directrices': los derechos humanos de los consumidores de droga; el deseo de evitar violencia social que socave las instituciones, al estilo de México, Guatemala y las favelas brasileñas; el conocimiento científico de las drogas 'débiles', menos dañinas para la salud y susceptibles de legalización o despenalización (marihuana); y un criterio de eficacia ante el 'fracaso' de las políticas actuales, incluida la 'traumática experiencia colombiana'. Confía asimismo en que legalización y reducción de la demanda lleven "al desplome de los precios" de la droga y desinflen las rentas "de este negocio criminal", "minándose de esta manera (sus) bases económicas".

En contraste con la apertura conceptual de otras conclusiones, tan es precipitada la reprobación de la estrategia colombiana como parece irreal la esperanza de eliminar rentas globales y desemplear al crimen organizado en un contexto salubrista coherente. Para que éste resulte, también debe: "excluir drogas 'duras', reducir la demanda, desintoxicar adictos y reprimir tráfico en fronteras y oferta comercial al por mayor", como "lo vienen haciendo Canadá, Irlanda, Países Bajos, Suiza y
Seattle" (Legalización, Rentas y Salud Pública, PORTAFOLIO, 10/6/08). Con estas políticas, sin embargo, "ya no desaparecen las rentas". Lo muestran tanto "los exitosos experimentos británicos de despenalización del consumo de drogas bajo estricto control médico", los cuales "ni eliminaron rentas ni desestimularon el negocio" (Ibid.), como los de Países Bajos. Allí, el precio de la marihuana sujeta a control médico y distribuida en farmacias supera con creces el de la vendida comercialmente en 'cafés cannabis'. Restringir la oferta a ciertos proveedores (legales) y su distribución a determinados canales institucionales (del sector salud) automáticamente genera rentas.

No profundiza el análisis en la atipicidad del caso colombiano, cuya droga oxigena la insurgencia (de tiempo atrás) y a paramilitares y grupos emergentes (en las últimas dos décadas), para imaginar lo que habría ocurrido sin una lucha frontal antinarcóticos. Durante 1997-2000, antes de la implementación a gran escala del Plan Colombia, los 'narcos' criollos se integraron verticalmente río arriba (triplicando la participación de Colombia en el área cultivada de coca) y río abajo (hacia México, Miami, Nueva York). El Plan revirtió la tendencia (2001-2003) y estabilizó la participación hasta 2006.

En el 2007, su presión intensiva en zonas de erradicación y conflicto, empezando con Putumayo, esparció los cultivos hacia el Pacífico (Nariño), la Región Central y el Oriente (Guaviare, Vichada, Catatumbo), y disparó la superficie cultivada sin que creciera la oferta de cocaína (bajó de 610 a 600 TM). Esta aumentó en 10 TM a nivel andino a raíz de la mayor oferta peruana y boliviana, con lo cual siguió bajando nuestra participación en... la cocaína despachada al mundo (Unodc, 2008), o sea la 'variable' más relevante. Confunde asimismo el informe al retomar este 'falso negativo' y afirmar que "el flujo de drogas desde Colombia" ha "vuelto a aumentar".

Es prematuro anticipar si la delimitación del área cultivada, revertida en el 2007-2008, se restablecerá este año, pero también lo es descalificar desde ahora la estrategia -y, más, con el indicador 'que no es'. El informe tampoco advierte la recomposición de la actividad erradicadora, de la aspersión aérea hacia la erradicación manual, acaso el esfuerzo más notable del género a nivel mundial. Destaca "la actividad violenta de los grupos criminales" de México como una suerte de referente en la materia, sin reparar en que países distintos son afectados por el flagelo de la droga en ciclos distintos de la 'enfermedad'. El narcoterrorismo frontal de los carteles norteños contra el Estado, en México, asemeja más el del Cartel de Medellín, hace dos décadas, que la 'parapolítica' colombiana del presente decenio.

Otros aspectos puntuales del informe en español y portugués generan confusión: anglicismos ('violación' por 'infracción'; 'crímenes' y 'descriminalización' por 'delitos penales' y 'despenalización', redefiniéndose este vocablo como lo que en derecho se denomina 'despenalización de facto'...); estadísticas que contradicen el texto (elevación del precio minorista de la cocaína en E.U., 2006-2007) o desactualizadas e incompletas. La tasa de homicidio juvenil por 100.000 habitantes (OMS, 2005), con Colombia en el segundo lugar (73,4), por encima de Venezuela (64,2), pretende reflejar la correlación entre violencia y droga. Esta ocurre cuando ambas crecen, pero también cuando caen. De tomar la tasa de homicidio general, la Comisión lo habría confirmado a partir de datos más recientes (2007) y dicientes: la tasa de Colombia ha bajado al sexto lugar (37,3), siendo superada por la de Venezuela, en el cuarto (45).

En muchos aspectos, el informe acierta: convivencia del legítimo consumo ancestral indígena de coca en Bolivia con su transformación en cocaína; evolución de la opinión y política estadounidense hacia una mayor solidaridad con el usuario de droga, y, de la europea, hacia metas más ambiciosas que sólo 'reducir el daño'.

El procesamiento ilícito boliviano es inevitable desde cuando la superficie cultivada, legal (20.000 Has.) e ilegal (¿9.000?), excede en 140 por ciento la antes juzgada suficiente para atender el consumo tradicional (12.000), así el producido de 4.000 Has. se destine a la industria, y el manejo del 'excedente' ilegal se delimite y 'controle socialmente' con los productores. La producción de cocaína ha ganado corrección política en Bolivia (Eduardo Gamarra, Inter-American Dialogue, dic./ 2007).

La abrogación inminente, por el estado de Nueva York, de la autoridad legal de los fiscales para fijar discrecionalmente la pena carcelaria de los usuarios de droga denota una toma de conciencia creciente de la inhumanidad y el costo de la represión al consumidor en E.U., muy bien descritos por la Comisión. Si Colombia penaliza la dosis personal, quedará cada vez más aislada en el concierto mundial. Durante mucho tiempo, los europeos se preocuparon más por evitar la contagión (de Sida, hepatitis...) con agujas y jeringas infectadas que con reducir el consumo. Su laxitud perjudicaba al consumidor, a quien no trataban, y a los países productores, al perpetuar el narcotráfico.

Por su misma aspiración a ser un 'nuevo paradigma' latinoamericano, el informe incurre en inexactitudes ocasionales y generalizaciones inevitables, con enjuiciamiento, particularmente débil de la estrategia de Colombia, sin dejar de aportar un testimonio importante para la región. 

TOMÁS URIBE MOSQUERA. Consultor internacional