La decisión que ha tomado el Gobierno para reglamentar la Ley 590 que permite el pago gradual de las cargas parafiscales a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) durante sus primeros tres años de vida, constituye un gran avance en la lucha contra la informalidad y a favor de la creación de empleos de calidad.

Esto quiere decir que hoy en Colombia las nuevas mipymes sólo pagarán el 25 por ciento de las contribuciones parafiscales en el primer año de funcionamiento, el 50 por ciento en el segundo, el 75 por ciento en el tercero, y sólo a partir del cuarto año debe responder por la totalidad de estos pagos.

La decisión de una empresa de formalizarse depende de la comparación entre los costos y los beneficios de hacerlo. Una empresa formal puede crecer, porque tiene acceso más fácilmente a los recursos del sistema financiero, puede establecer negocios con el Estado o con empresas grandes que requieren que sus proveedores o distribuidores estén formalizados.

Puede acceder a servicios empresariales que no están disponibles para los informales. Pero a cambio debe pagar una tarifa de impuestos de renta del 33 por ciento y asumir cargas parafiscales que encarecen el costo de la mano de obra hasta en un 30 por ciento adicional. Y si la empresa es nueva, eso lo debe hacer en un período en el cual es más alta su probabilidad de fracaso: cerca del 75 por ciento de las empresas mueren en los primeros tres años de vida, de acuerdo con estudios disponibles.

Aligerarle la carga de los parafiscales a las nuevas mipymes que inician su actividad económica es incentivar su formalización y aumentar su probabilidad de supervivencia. Es un gana-gana que favorece incluso a los receptores de los recursos parafiscales, porque se generan recursos que de otra manera no existirían, bien porque las empresas permanecerían en la informalidad o porque muchas de ellas no sobrevivirían.

Las consecuencias sociales de lograr avances significativos en la reducción de la informalidad son enormes: la productividad de un trabajador formal equivale a siete veces la productividad de un trabajador informal. En la informalidad radica la principal trampa de pobreza, porque no es posible mejorar los ingresos de la población informal, mientras persisten niveles tan bajos de productividad.

Pero la medida que acaba de aprobar el Gobierno es también un gana-gana en otro sentido probablemente más importante: es un ejemplo exitoso de trabajo conjunto entre el sector privado, el Gobierno y la academia. Esta última, representada por Fedesarrollo, elaboró un estudio (con el apoyo financiero del BID) para identificar políticas concretas que contribuyeran a reducir la informalidad en Colombia.

Ese estudio fue contratado a instancias del sector privado, representado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), entidad que además elaboró, con base en las recomendaciones del estudio, una propuesta de decreto que entregó al Gobierno para su consideración, y que fue avalada por el propio Presidente de la República y los miembros gubernamentales de la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Competitividad. Esto es un ejemplo de una alianza público-privada propositiva y exitosa.

Se debe reconocer que aunque el decreto de gradualidad de los parafiscales contribuye a reducir la informalidad, no resuelve el problema de fondo.

En el 2008, la tasa de desempleo en países como Chile, Brasil, Argentina o México era inferior al 8 por ciento. Entre tanto, Colombia tenía una tasa de desempleo de 11,8 por ciento.
Lo sorprendente no es solamente el nivel tan alto frente a los países de la región, sino que tuviéramos esa tasa de desempleo a pesar de que la economía había crecido casi 6 por ciento por año en promedio desde el 2003.

El crecimiento de los últimos años también fue insuficiente para reducir la informalidad: entre el 2002 y el 2008, ésta apenas disminuyó de 61,3 por ciento a 57,7 por ciento.

Algunos estudios, como el de Carlos Esteban Posada y Luis Eduardo Arango ('La tasa de desempleo de largo plazo en Colombia') sustentarían la idea de que por más que creciera la economía, el desempleo no se sostendría en niveles por debajo de 10 por ciento mucho tiempo, porque la 'tasa natural de desempleo' subió de alrededor de 8 por ciento en la primera mitad de los noventa a 11 por ciento o 12 por ciento en la actualidad. ¿La razón? Principalmente, debido a los costos laborales no salariales que aumentaron alrededor de 10 puntos porcentuales debido al incremento en los aportes de los empleadores para salud y pensión, como resultado la Reforma de la Ley 100.

Vale decir que, de acuerdo con la última encuesta del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 101 entre 131 países en magnitud de los costos no salariales, los cuales incluyen las contribuciones a la seguridad social y las contribuciones parafiscales.

Mientras que en la medición del Doing Business del Banco Mundial los costos no salariales en Colombia representan casi el 30 por ciento del salario, en México representan el 22 por ciento, en Perú el 11 por ciento y en Chile menos del 5 por ciento.

Así que, independientemente de la pertinencia y calidad del gasto financiado con los aportes parafiscales, lo cierto es que el costo de este 'almuerzo' (no hay almuerzo gratis, dice una famosa máxima en economía) es la persistencia de mayores tasas de desempleo y de informalidad.

La medida que ha tomado el Gobierno no resuelve el costo del almuerzo, pero permite que más empresas se sienten a la mesa.

Juan Mauricio Ramírez. Vicepresidente Técnico, Consejo Privado de Competitividad