Uno de los factores que más negativamente están influyendo en la posición competitiva de Colombia es el desempeño del sistema judicial. De acuerdo con el más reciente ranking del Doing Business del Banco Mundial, Colombia ocupa la posición 149 entre 181 países en materia de cumplimiento de contratos.

Según este indicador, en Colombia un proceso judicial civil dura el triple que el promedio mundial y cuesta un 50 por ciento más. No hay indicador de competitividad en ninguno de los diversos rankings que existen, en que Colombia ocupe una posición tan baja como en esta materia.

La situación es especialmente preocupante a la luz de las cifras de productividad media de los jueces. De acuerdo con cálculos de la Corporación Excelencia en la Justicia, mientras en el año 2000 un juez fallaba en promedio 473 casos, desde el 2005 las cifras han estado alrededor de los 350 casos. Esto demuestra que no basta con aumentar el número de jueces o con medidas transitorias de 'descongestión judicial', sino que es necesario encontrar mecanismos estructurales para que los jueces sean más productivos.

Mejorar la productividad judicial pasa por acciones de diversa índole. Para empezar, es necesario un masivo esfuerzo de modernización tecnológica y creación de sistemas de información que les permita a los jueces y demás funcionarios judiciales contar con las herramientas adecuadas para hacer eficiente su trabajo.

Es preocupante que, incluso actualmente, en algunas de las Altas Cortes se deba acudir a la memoria del magistrado para saber cómo se han decidido casos similares en el pasado. En pleno siglo XXI la realidad de algunos juzgados es más propia del siglo XIX.

Otra medida que tendría un efecto sustancial en la productividad judicial sería la codificación de un régimen de precedentes judiciales vinculantes. La actual fórmula constitucional según la cual "los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley", se traduce en la práctica en una licencia para que los jueces fallen casos iguales de manera diferente sin consideración a decisiones pasadas o a las líneas establecidas por sus superiores jerárquicos.

Un régimen de precedentes vinculantes unido a la modernización tecnológica aportaría a la eficiencia judicial toda vez que no habría que 'reinventar la rueda' en cada caso y los jueces tendrían una directriz clara para sus fallos. Aportaría además en materia de transparencia de los procesos, al disminuir el margen discrecional de la actividad judicial. Finalmente, la unificación jurisprudencial mejoraría la seguridad jurídica al hacer más predecibles las decisiones de los jueces.

Adicionalmente, una mayor productividad judicial pasa por una simplificación de procedimientos, desde la unificación de los distintos códigos de procedimiento hasta la implementación de la oralidad en la especialidad civil, pasando por la puesta en funcionamiento de la Ley 1194 del 2008, que le permite a los jueces civiles anular los casos que no han podido ser concluidos debido a la falta de acción de las partes. Estas medidas, en las cuales ha venido avanzando el Consejo Superior de la Judicatura, tienen impactos considerables. Por ejemplo, la prueba piloto de la oralidad en materia laboral logró reducir un proceso típico de 27 a 9 meses.

Sin embargo, el efecto de estas medidas será limitado sino se complementan con mecanismos que incentiven un mejor desempeño de los jueces. Un ejemplo lo constituye el caso de la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, que con un conocido proceso de reorganización administrativa de sus cargas de trabajo, logró, en dos años, superar un considerable atraso y ponerse prácticamente al día en el 2006.

Por ello, como en cualquier otra organización, habrá que contar con un adecuado sistema de evaluación de desempeño de los jueces que se base, entre otros factores, en la productividad judicial y en la disminución de inventarios acumulados, con beneficios efectivos frente a buenos resultados y consecuencias reales en el caso de resultados negativos.

Resolver el cuello de botella de la baja productividad judicial requerirá un esfuerzo conjunto de las tres ramas del poder público y la participación del sector privado para aportar y ser parte de la solución.

El impacto de este tema en el bienestar de la población y en la actividad económica no deja espacio para disyuntivas. Lo que siempre ha sido importante ahora también se volvió urgente.

Javier Gamboa Benavides / Vicepresidente ejecutivo, Consejo Privado de Competitividad