Desde su primera fase, la guerra civil libanesa de 1975 arruinó buena parte de la economía, infraestructura y vivienda. La invasión siria de mayo/76 trajo una 'paz chicha' que, sin terminar la guerra (duraría hasta 1990), propició un boom en construcción, seguros e industria de la seguridad. El hecho es revelador de las oportunidades en tiempos de crisis. Nacen en los sectores más y menos afectados. Más: la recuperación del stock de infrestructura y vivienda explica la dinámica de la construcción. Menos: el mercado financiero había entrado en 'pausa', sin desplomarse, y las instituciones financieras internacionales se habían reubicado en Atenas o Chipre, pudiendo sus competidoras domésticas desplazarlas con alguna facilidad. La protección de la sociedad civil y sus nuevos negocios, finalmente, requería seguridad.

Algo así ocurrió con el 'Nuevo Trato'/ 'New Deal' de Roosevelt y puede volver a suceder en E.U. y Colombia. La política restrictiva de la Reserva Federal había hecho caer la oferta monetaria en 31 por ciento, empobrecido a los norteamericanos y quebrado muchos bancos, causando crisis financiera y crediticia (1929), y recesión (1930). La agravó tanto la contracción monetaria en otras economías como la del comercial global, por cuenta del proteccionismo que siguió a la obligada decisión británica (1931) y de E.U. (1933) de suspender temporalmente el Patrón Oro/Gold Exchange Standard. Sin ésta, la nueva política monetaria (expansiva) de la Reserva Federal habría llevado a la deflación.

Buena parte del éxito del 'Nuevo Trato' se debe a esta política y las medidas tomadas para recuperar la credibilidad y salud del sistema financiero.

El salvamento de éste originó grandes oportunidades para sus principales actores, 'credibilizados' por el respaldo del Gobierno y nuevo seguro federal a los depósitos (Fdic) y cuya red comercial se amplió al absorber 4.000 bancos locales -y acabó con éstos. Lo propio aún puede pasarles a Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America o Wells Fargo si las medidas de expansión monetaria y reactivación crediticia alcanzan la credibilidad necesaria, pero estos planes se dificultan por la contracción del crédito y 'sector bancario en la sombra'. En E.U., éste incluía derivados financieros, hedge funds y otras inversiones. En Colombia, significa usura, microcrédito, tarjetas no bancarias (Codensa, Falabella...) y, hasta hace poco, pirámides y DMG.

La pujanza de las fuentes criollas 'desinstitucionalizadas' refleja las tarifas y prácticas no competitivas de nuestro sistema financiero, denunciadas por Fenalco y observadores independientes (Banco Mundial, Juan Gossaín, Amylkar Acosta, Indalecio Dangond...). En E.U., la escala de la ayuda al sistema financiero (US$7,8 billones: ¡más de la mitad del PIB!) le da 'garras' al Gobierno para regular y reformar. En Colombia, el incentivo de reforma surge por el derrumbe de las pirámides y afines, y sus efectos: caen la oferta monetaria y el ingreso entre los más marginados regional y socioeconómicamente. El crédito bancario de consumo va bien, pero la bancarización va mal. Algo ayudará la menor tasa de intervención del banco central, pero la verdadera oportunidad para quienes renuncien a cobrar rentas tendrá que esperar una indispendable regulación futura de los patrones anticompetitivos.

Hay acuerdo en el G-20 para evitar un regreso a prácticas proteccionistas como las de hace ¿ de siglo porque empeorarían la crisis. Conviene fomentar la inversión internacional y el comercio exterior de doble vía y, para ello, tanto diversificar la apertura externa mediante acuerdos apropiados como fortalecer los mecanismos de fomento exportador y aprovechar incentivos externos para comprar bienes y servicios. A los primeros pertenecen las bajas de interés al crédito exportador de E.U. (Eximbank), China, Japón y Estados miembros de la UE. A los segundos, herramientas como Plan Vallejo de servicios y Zonas Francas. A ambos grupos, el crédito de Bancoldex, líneas de redescuento, etc. Para quienes sepan identificarlas, hay oportunidades comerciales desligadas de la coyuntura global o inclusive generadas por ella.

Ante un desempleo del 25 por ciento (1933) y una caída de 1/3 en el PIB (1929-33), Roosevelt lanzó programas masivos de obras públicos para plantar árboles y construir puentes, vías, escuelas y aeropuertos. Para 1937, el desempleo había bajado a 14,3 por ciento y el PIB superaba su nivel de 1929. Aún se debate si E.U. hubiera logrado mejores resultados con políticas alternativas a esta, mas no el impacto de la estrategia sobre su competitividad.

Para crear 3 millones de empleos durante 2009-10, Obama plantea invertir US$0,7-0,8 billones en construcción de vías, transporte masivo, reconversión energética 'verde' de instalaciones oficiales y tecnología de la información en facilidades médicas. A través de la Matriz de Insumo-Producto, estas actividades irradian toda la economía y generan un sinnúmero de oportunidades de negocio.

La infraestructura es "competitividad y empleo y una de las áreas de mayor retraso del país" (Hernando José Gómez, 1/11/08). La que integra la Agenda Interna de los acuerdos comerciales habidos y previstos (TLC con E.U., Canadá, Chile y Triángulo Norte de Centroamérica; Acuerdos con Mercosur, Efta y la UE; mercado andino...) coincide con el Eje Andino de Iirsa, con su extenso 'banco de proyectos' en la CAF y el BID, e interesa muchas administraciones departamentales y municipales. La demanda de éstas y los beneficios de la integración regional y hemisférica enriquecen las oportunidades sectoriales.

La inversión en redes de protección social, educativa y de salud fue componente básico del 'Nuevo Trato': seguridad social, aulas escolares y beneficios pensionales y de salud de la sindicalización, convertida en política de gobierno. Obama enfatiza educación temprana, seguridad social y universalización del acceso a la salud. En Colombia, programas de vocación nacional como Familias en Acción y otras actividades de la Estrategia Juntos transfieren conocimiento e ingreso real o monetario a un número creciente de familias de menores ingresos y pueden contribuir a la reactivación económica, equidad social y reconstrucción en zonas de conflicto. También generan oportunidades en servicios no financieros, uno de los rubros menos afectados por la crisis global.
No suplen en cambio el déficit de atención y protección social en salud.

No son referente para Colombia las políticas agroalimentarias del 'Nuevo Trato' (reducir la oferta para elevar precios) ni las de Obama, limitadas a aspectos educativos, ambientales y de control fiscal o de la competencia externa. Precisa ampliar la oferta y demanda de alimentos para impulsar ingreso rural, seguridad alimentaria y equidad, en un contexto sectorial de inflación 'ínercial' superior a la del resto de la economía. La aceleración de la devaluación y la decisión gubernamental de no reflejar el descenso del precio del petróleo en el de los combustibles para suplir la baja en los recaudos fiscales, mientras eleva aquel del etanol, afectan tanto la competitividad del campo como la alimentación urbana. De la definición de este reto estratégico y ético dependerán muchas oportunidades y restricciones del estamento empresarial y de toda la sociedad civil.

El Gobierno no ahorró en la era de excepcionales 'vacas gordas' (2004-07) para 'soportar' una inversión contracíclica sostenible en la de 'vacas flacas'. Sin embargo, tanto en la crisis de los 30 como en ésta, en E.U. y Colombia, prima por ahora la reactivación económica y del empleo, con rol fiscalmente expansivo del sector Gobierno, sobre el rigor fiscal. El bienio 2009-10 es el mínimo 'horizonte de tiempo' necesario para que las políticas funcionen y los negocios se concreten.

TOMÁS URIBE MOSQUERA. Consultor internacional