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Al Gobierno del señor presidente Uribe le está empezando a suceder algo muy complicado. No solo le está tocando pasar de las buenas a las malas en el comportamiento de la economía, sino que, como ha durado tanto, empiezan a aflorar los resultados de malas políticas en el campo productivo y particularmente en las áreas sociales. Y eso que aún faltan dos años más de esta administración.

¿Qué pasará si insisten en un tercer período? Deberían pensarlo dos veces aquellos que apoyan la segunda reelección. ¿No sería mejor pasar a la historia como alguien que tuvo éxito con su Seguridad Democrática y no tener que afrontar errores de política económica y social, que empiezan a asomarse y que se volverán más graves si se sigue insistiendo en que todo lo resuelve solo la política de seguridad? Muchos gobiernos se salvaron de esto último, porque como solo duraban cuatro años, sus errores o sus aciertos los tenía que asumir únicamente su sucesor.

Un ejemplo claro de esta realidad se encuentra en el comportamiento de la salud en Colombia. No hay un solo consejo comunitario en que el Gobierno no insista en la cobertura universal de la salud. Claro que lo está logrando, pero de qué forma. Solo quedan 5 millones de colombianos sin carné.

Pero al analizar seriamente las cifras, lo que se descubre es que la forma como lo están haciendo lleva a dos conclusiones, que no se sabe cuál de ellas es la peor: o la pobreza ha aumentado de manera alarmante en medio del auge económico o el populismo está llegando a tal extremo, que lo que se está construyendo es una bomba fiscal en el sector salud.

Entre el 2002 -cuando se inicia la era Uribe- y el 2007, se pasa de 11 millones de personas vinculadas al régimen subsidiado a 22 millones, un 100 por ciento de crecimiento.

En esta cifra se incluyen dos millones de personas con subsidio parcial; es decir un 10 por ciento de los subsidiados.

Mientras esto sucede con el sistema que debe atender a los pobres, el régimen contributivo al que tienen acceso los trabajadores formales, porque sus patronos y ellos mismos tienen que pagar, solo pasa de 13 millones en el 2002 a un poco más de 16 millones en el 2007.

La primera conclusión que sale de estas cifras es que si las cosas se han hecho bien, el número de pobres es de 20 millones, suponiendo que los de subsidio parcial son de clase media baja.
Si a esto se le suman los no afiliados aún, que deben ser también pobres -5 millones-, el número total de colombianos en la pobreza sería de 25 millones.

Como la población colombiana, según las últimas correcciones del Dane, que son infinitas, es de 43 millones de personas, la pobreza colombiana sería de 58 por ciento y no de un poco más de 40 por ciento como afirma el Gobierno.

Horror, en medio de la mayor expansión de la economía gracias a la Seguridad Democrática que generó la confianza inversionista, ¡se generó más pobreza! Auxilio, según la lógica del Gobierno, ya no se necesita pasar de 1 millón de Familias en Acción a 3 millones, sino a 6 millones. Y la pregunta, entonces, ¿cómo se financia esto en medio de la desaceleración de la economía? Y todo esto sin responder si estos pobres solo tienen carné y no la salud que toca, tema de otro debate.

La otra posibilidad no es menos grave. En una prueba del más puro populismo, el Gobierno le ha abierto las puertas a quienes pueden pagar por su salud, sacrificando a aquellos que no tienen recursos para hacerlo.

Lo grave de esta errada política es que, gracias a este populismo, el sistema de salud es insostenible. Cuando se ideó, era el régimen contributivo el que tenía que crecer rápido, como resultado de la generación de empleo formal, de manera que pudiera financiar la salud de los pobres.

Pero ha sucedido lo contrario, y lejos de cumplir la meta de acercar los dos regímenes en aras de acabar con la salud pobre para los pobres, ahora el esquema es inviable fiscalmente. Y cuando explote, serán precisamente los menos favorecidos lo que pagarán el pato porque los colados en el sistema que pueden pagar por sus servicios, lo harán, pero los que nada tienen quedarán en el aire.

Absolutamente populista y por consiguiente irresponsable esta estrategia. Al señor presidente Uribe le hubiera funcionado esta política si terminara en dos años su gestión, pero no se salvará, ahora sí, de la hecatombe, si se hace reelegir.

Interesante: la hecatombe no justifica su segunda reelección, sino que resulta precisamente de ella. Queda pendiente el debate sobre la supuesta formalización laboral que es deplorable en medio del crecimiento de la economía.

Lo grave es que lo mismo está pasando con muchas otras políticas erradas que empiezan a pelar el cobre. La ampliación de cobertura en educación, tan ponderada, ya mostró sus debilidades. Se pensó que la calidad no se nota, lo cual es cierto en el corto plazo, pero no en el mediano. Solo se ocuparon de cupos esencialmente urbanos y los niños recién ingresados están sin pupitres, sin baños, sin aulas, sin transporte y los campesinos sin ni siquiera escuelas.

Para no hablar de la seguridad social en pensiones que ha bajado su cobertura. Pero en el área social lo más grave es el empleo que es la mejor política social.

Ni en los mejores momentos de la economía se generó empleo digno y se trancó el desempleo en niveles altos, de acuerdo con las metas. Se informalizó el trabajo formal por medio de cooperativas y de órdenes de prestación de servicios, lo que finalmente afecta la demanda interna que es el motor del desarrollo colombiano.

En lo económico es evidente que si se hubiera tenido otra política productiva rural y urbana, la crisis de alimentos altos sería menos grave y las transformaciones en el campo y en la ciudad estarían hoy en marcha.

Ha empezado el segundo cuarto de hora del señor presidente
Uribe y empiezan a aflorar serios problemas en muchos campos que no recibieron la atención del Gobierno en estos 6 años. Como existe tanta incapacidad para oír voces que no pertenecen al coro de áulicos, lo más probable es que no se cambiará el rumbo y el que pagará será el país.

Cecilia lópez Montaño. Senadora