Con 51 votos a favor y seis en contra, la de mayoría oficialista aprobó la iniciativa la noche del lunes, pese a las protestas y huelgas de hambre indígenas por posibles daños ambientales.

La ley promete atizar aún más el descontento indígena y de grupos ambientalistas con el presidente Rafael Correa, gestor de la propuesta.

La norma permite la extracción minera a gran escala bajo regulaciones ambientales, prohíbe la actividad en áreas protegidas y autoriza las concesiones a empresas extranjeras, que deberán repartir con el Estado sus beneficios.

"Esta ley asegura que los recursos serán nuestros; prioriza y garantiza los derechos de los trabajadores y garantiza que la biodiversidad y el medio ambiente sean respetados", dijo la asambleísta oficialista Irina Cabezas.

Pese a las regulaciones, los sectores opuestos creen que la norma fue elaborada sin tomar en cuenta a las comunidades de los territorios mineros, y reviste un potencial daño para las reservas de agua, según la dirigente indígena Mónica Chuji.

Al momento están en marcha cuatro grandes proyectos en fase de exploración que involucran a empresas de Canadá y Estados Unidos con ganancias estimadas por el gobierno en unos 110.000 millones de dólares al largo plazo.

No obstante, el movimiento indígena y grupos ecologistas insistieron en su rechazo y ratificaron la convocatoria a una movilización nacional el 20 de enero.

Con AFP