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Actualmente, el Estado controla más del 90% de la industria cementera, la mayoría de las empresas en los sectores eléctrico, petrolero y siderúrgico y una parte de la telefonía.

El incremento del dominio estatal en la economía, sujeta además a una regulación de precios y control de cambio que reducen la rentabilidad y competitividad de las empresas presentes en el país vecino, ha frenado el ritmo de inversiones extranjeras  directas en ese país, dijeron los analistas.

"La inversión extranjera debería ser al menos del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 6.000 millones de dólares, y no llegamos al 10 por ciento de eso", dijo el economista Orlando Ochoa.

El total de inversiones extranjeras directas (IED) en Venezuela llegó a 400 millones de dólares en 2007, la menor cifra en la región de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

A título de comparación,  en el mismo año, Colombia recibió 8.200 millones de dólares y Brasil otros 37.400 millones.

El registro de inversiones directas en Venezuela sólo es superior al de Hungría en una lista de 34 países publicada por la Unctad e incluida en el informe del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri).

La adquisición de empresas por parte del Estado, algunas mediante expropiación, aumenta la sensación de inseguridad jurídica y de falta de protección de las inversiones existente en Venezuela, según los expertos.

Actualmente, entre las principales empresas extranjeras que mantienen inversiones en Venezuela destacan Nestlé y Cargill en la industria de alimentos, la telefónica española Movistar, los laboratorios farmacéuticos Pfizer y Merck, la automotriz  General Motors y la filial del español Banco Bilbao Vizcaya, según Conapri.

Para Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, los empresarios extranjeros "desarrollan inversiones en función del retorno esperado y de si están protegidas desde el punto de vista de la capacidad de repatriación de capital y de  generación de rendimiento en el futuro".

En Venezuela "las empresas están sometidas al riesgo de que el Estado decida en un momento determinado declararlas de utilidad pública, tomarlas o comprarlas", por encima de la conveniencia económica, dijo León.

Las empresas que desean invertir en Venezuela revisan también el riesgo país, que se ubica en 648 puntos, nivel sólo superado por el de Argentina, pero más del doble que en Brasil y Colombia, según datos del ministerio de Finanzas en Caracas.

Para los empresarios que han crecido gracias a los planes gubernamentales de desarrollo las nacionalizaciones permitirán a las pequeñas industrias asociarse con el Estado e impulsarán nuevas inversiones.

"Está saliendo un grupo de transnacionales para que entre otro grupo de transnacionales", dijo Alejandro Uzcátegui, presidente de Empresarios por Venezuela, de tendencia gubernamental, en referencia a los proyectos de inversión entre Venezuela e  Irán, Belarús, Argentina y Brasil, entre otros.

Pero según Ochoa, los convenios entre estos gobiernos son operaciones "simbólicas en un proceso de integración política" y no tienen ningún impacto en el desarrollo de las inversiones en Venezuela.

Otra nacionalización que comienza a tomar forma

La Asamblea Nacional de Venezuela iniciará la primera discusión del proyecto de ley que prevé poner en manos del Estado el transporte de combustibles desde las refinerías hasta las estaciones de servicio y otros puntos de venta.

El presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja, Ángel Rodríguez, dio por seguro que la ley será aprobada y justificó la medida "por razones de conveniencia nacional".

Rodríguez agregó que para garantizar la continuidad en los suministros de carburante "se designarán comités de transición el mismo día que la ley entre en vigencia".

El diputado adelantó que la nacionalización del sector no sólo repercutirá en el transporte por carretera sino que también abarcará al tráfico por vías marinas o fluviales.

Por Ramón Sahmkow / Caracas (Venezuela). Con AFP