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Empresarios y sindicalistas aseguran que el aumento real del costo de vida es hasta tres veces superior al que admite el gobierno de ese país.
El Ejecutivo estima que la inflación para todo 2008 será de 7,7 por ciento, pero las asociaciones de consumidores y los analistas privados prevén que el aumento de precios se ubicará entre 25 y 30 por ciento. Las discrepancias sobre la inflación real se basan en la virtual intervención del Indec que dispuso el gobierno nacional en marzo de 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner (esposo de la actual mandataria Cristina Fernández) reemplazó a funcionarios clave del organismo autárquico por otros afines a su administración. Tras asumir el gobierno en diciembre Fernández dispuso nuevos cambios en la medición. Pero lejos de corregir los errores de la versión anterior, la nueva metodología cosechó aún más sospechas: El nuevo índice no mide la variación de precios de la educación privada, los alquileres, la medicina privada y otros rubros que han experimentado fuertes alzas; deja de lado algunos alimentos y toma como referencia casi exclusivamente los productos que consumen las clases más bajas, cuyo precio ha sido acordado entre el gobierno y los productores. La presunta manipulación no sólo buscaría restar importancia al talón de Aquiles de la administración ''kirchnerista'': una economía que crece a tasas superiores al 8 por ciento anual que no son compensadas con un crecimiento en la oferta de bienes y servicios, lo que termina presionando los precios al alza. También pretendería aliviar la situación financiera: un 40 por ciento de los bonos de deuda soberanos se ajustan según el índice oficial de inflación. Si el índice es bajo, el gobierno paga menos intereses.
Empresarios y sindicatos reclaman mayor exactitud
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, aseguró que las dudas que plantea el índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ''no son beneficiosas para la sociedad''.
En diálogo con Radio 10, Lascurain reclamó mayor exactitud a la estadística oficial. ''La sensación de mayor credibilidad la vamos a tener nosotros cuando todos los estudios más o menos serios digan que la inflación es de 1,5 por ciento y que para el organismo oficial no sea del 0,4 por ciento, como en julio''.
Por su parte, el titular de la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), Gastón O'Donnell, aseguró que el índice oficial ''no tiene ninguna credibilidad y sólo ahonda los problemas existentes''.
''En primer lugar porque se demuestra que no se reconoce a la inflación como el principal problema de la economía y en segundo lugar porque se soslaya que cuando la inflación no se domina, deja de ser un problema económico para ser un problema social'', agregó.
El índice oficial ''es casi una afrenta todos los días. Nadie lo tiene en cuenta. Causa hasta hilaridad, quita seriedad a un gobierno que trata de hacer cosas razonables, pero tiene estas aristas'', dijo el presidente del estatal Banco Provincia, Guillermo Francos, en diálogo con la radioemisora Global Station.
Hasta la Confederación General del Trabajo (CGT) (la mayor central obrera del país liderada por el camionero Hugo Moyano, aliado al gobierno) se atrevió a cuestionar en público la medición oficial.
''Aquí la única verdad es la realidad, que es cuando uno va al supermercado'', dijo a Radio 10 el secretario general adjunto de la CGT, Juan Belén.
El gobierno ''mide la inflación con una lista que en realidad era de 400 productos, pero ahora es de la mitad. Eso es lo que da que la inflación de julio haya sido de 0,4 por ciento. Pero cuando uno va al supermercado y ve los precios, esos valores no marcan" lo que dice la estadística oficial, añadió.
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