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"Me dijeron que para levantar el embargo tendría que hacer un desembolso de la totalidad del préstamo. En vez de ayudar a uno a mejorar y poder cumplir, lo que hacen es acabar de hundirte", narró al diario 'Gara', de España.

Tras su insistencia, la entidad crediticia aceptó refinanciarle la hipoteca. "Sin embargo, a la vez que me decían eso y mandaban un perito a mi casa, que me cobró otros 210 euros, me llegó una carta del juzgado con el proceso de embargo. No me dejan respirar. El más interesado en pagar es la persona. Uno no paga porque no puede, porque tengo voluntad de hacerlo. En esos tres meses estuve desesperado. No sabía qué hacer y todos los días me llegaba el aviso del banco", añade el colombiano.

Posteriormente, Alberto llamó a la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecas con Intereses Impagables, en Madrid, y le aconsejaron que acuda al juzgado para indicarle qué debe hacer con el fin de acogerse a la suspensión de pagos.

Esta asociación se formó hace de dos meses a iniciativa de Aesco, una ONG impulsa la asociación entre inmigrantes de América Latina. Tienen cuatro reivindicaciones: la reducción de la cuota de los préstamos a cantidades pagables por el deudor; la creación de un fondo de garantía hipotecaria; el nombramiento de jueces de apoyo para cubrir la sobrecarga de trabajo que se va a producir con los procesos concursales y el rechazo a la expropiación especulativa de las viviendas.

En España, muchas familias que ya no pueden pagar las cuotas de los créditos hipotecarios decidieron unirse, tras conocer que una sentencia en la provincia de Cuenca permitía entrar en suspensión de pagos igual que lo hace una empresa.

Según Gara, en España hay 180.000 familias con problemas graves y se espera que para final de año 120.000 afectados podrían declararse en suspensión de pagos y amparados en la mencionada legislación.

El abogado Gustavo Fajardo sostiene que unas 250 familias se han interesado por la iniciativa. "En principio a partió de los inmigrantes, pero hoy un 60 por ciento de quienes participan ya en las diferentes plataformas son originarios del Estado español.

El jurista considera que la burbuja inmobiliaria de España estuvo ambientada por el descenso de los intereses del dinero, siendo llevados artificialmente a los mínimos posibles. "El negocio fue redondo: el banco o entidad financiera prestaba dinero a las constructoras, a los compradores de vivienda vieja y financiaba las operaciones de compraventa de vivienda nueva, ya que al haber financiado a los constructores tenía esa exclusividad. Las inmobiliarias cobraron a todos comisiones jugosas por la captación de clientes e, incluso, por estudios financieros que no realizaron», explica.