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El compromiso del Gobierno con la OIT, hace parte de una reglamentación de estricto cumplimiento que obliga a las administraciones de propiedad horizontal a acatarla, so pena de sanciones económicas.

Para Jaime Higuera Serrano -presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), quien asistió al XVII Congreso Nacional sobre el tema que finalizó este viernes, en Medellín- los trabajadores que venían cumpliendo a cabalidad las normas no tienen porque verse afectados con un costo mayor en el servicio, aunque reconoce que a los vigilantes sí se les reducirán sus ingresos.

Por esta razón -y como una solución intermediata- muchas empresas de seguridad tramitan permisos especiales para que sus vigilantes trabajen 60 horas semanales (10 diarias), que es lo máximo que permite la ley.

Los administradores de conjuntos residenciales se declararon a la expectativa de lo que pueda suceder y de cómo se afectarán sus presupuestos. Para Luz Adela Barrera, de la empresa A y A, lo más crítico es que los de este año se hicieron sin tener en cuenta estas medidas y su incremento es bastante problemático porque tiene que ser aprobado en asamblea de copropietarios.

Para otros como Ómar Idárraga, administrador de Ribera del Valle, el problema inicialmente es de la empresa de vigilancia con quien suscribieron el contrato de prestación de servicios. "Cuando este termine entonces sí tendremos que ver qué tanto se incrementan los costos", dice.

Algunos aún preguntan si pueden tener porteros contratados directamente, considerando que no utilizan armas, lo que sería una violación a las normas. Sin embargo, muchos conjuntos todavía manejan presupuestos por debajo de lo estipulado en la ley y esto genera sobrecostos.

'Hay que crear estrategias contra la piratería'

La disposición, que contempla un pago mínimo de 4'286,412 pesos por puesto de vigilancia de 24 horas, siete días a la semana, para estratos 4,5 y 6, busca proteger los derechos de los trabajadores, pero -además- combatir la piratería. "La tarifa está establecida para cubrir sin problemas todos los costos.

Sin embargo, son los conjuntos que contratan con empresas ilegales, tras una supuesta economía, las que se afectan", advierte Higuera, quien considera que esa 'economía' atenta contra las condiciones laborales de los vigilantes y la seguridad de los conjuntos, ya que generalmente estas empresas no tienen los riesgos cubiertos como debe ser.

El dirigente resaltó, durante el XVII Congreso Nacional de Seguridad Privada la efectividad de las campañas promovidas para combatir la piratería y la reducción que viene experimentando este fenómeno.

MEDELLÍN