Unión Temporal Segundo Centenario ya entregó los documentos con los cambios exigidos. Se esperan pronunciamientos del Instituto y de la Contraloría General.

La serie de inconvenientes fue hallada en la garantía única de cumplimiento y en la póliza de responsabilidad civil presentadas como respaldo del megaproyecto, los cuales impedirían el inicio de las obras.

En una carta conocida por este diario, el organismo estatal empieza por recordarle al consorcio que la garantía de cumplimiento que presenten debe amparar el pago de los perjuicios derivados de los incumplimientos, lo que hasta el momento no ha quedado claro.

A renglón seguido le solicita que corrija el valor asegurado en lo referente al buen manejo del anticipo que el Estado le desembolsará (57.668 millones de pesos) y en lo referente al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales (30.000 millones).

Pero quizás el punto más importante es en el que el Invías le recuerda al futuro concesionario que para que el millonario contrato entre en vigencia debe anexar el certificado de pago de todas las pólizas o, en su defecto, una certificación de la aseguradora en la que conste que el no pago de la prima no generará la terminación automática del aseguramiento.

Falta el reaseguramiento

Inclusive, Invías está exigiendo certificados de la existencia del reaseguramiento, cuya ausencia le impidió al Gobierno entregar el megaproyecto en el pasado.

La Unión Temporal Segundo Centenario entregó el viernes pasado los documentos solicitados por el Invías, que asignó a José Octavio Roa, el mismo funcionario que en su momento declaró la caducidad del contrato con Commsa, para la revisión del expediente. El instituto planea pronunciarse sobre el tema en las próximas horas.

EL TIEMPO estableció que aunque el director del Invías, Daniel García -hoy en el ojo del huracán por la sanción de 15 años que le impuso la Procuraduría y por su negativa a renunciar-, quiere que la obra se inicie lo más pronto posible, asesores del organismo prefieren evitar inconvenientes como el presentado hace diez años con la firma Commsa, que presentó pólizas sin sustento para la construcción de la vía Tovía Grande-Puerto Salgar, que resultó siendo un fracaso.

La Contraloría General de la República también revisa el caso y prepara un pronunciamiento.

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