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Con esto se espera contribuir al cumplimiento de los objetivos de equidad, eficiencia, calidad y sostenibilidad del servicio, y al logro de metas de cobertura universal en área urbana.
Por considerar que hay una vulneración al derecho a la propiedad, la Procuraduría (PGN) solicitó a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la norma.
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