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Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) de Villavicencio emitió la orden contra los seis uniformados de un grupo militar contra el secuestro.

La orden se dio por haber incurrido en los presuntos de delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir.

Las fuentes recordaron que el 26 de agosto de 2007 la Fiscalía de Yopal, capital de Casanare, fue informada de hallazgo de dos cuerpos en una zona rural de esa ciudad.

De inmediato se inició la investigación para establecer las causas de su muerte. Dos días después, sin embargo, familiares de las víctimas los reconocieron e identificaron como Abel Antonio Lozano Camacho y Abelardo Reyes, quienes, supuestamente, murieron en un combate con tropas.