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"Ese continúa siendo el principal 'dolor de cabeza' de los empresarios del ramo y de las entidades de control y vigilancia", dijo el superintendente de Puertos y Transporte, Álvaro Hernando Cardona.

El funcionario considera que cada vez es más el ingenio de los generadores de la carga, empresas de transporte y propietarios de vehículos para evadir el piso tarifario que establece el Ministerio de Transporte por la prestación del servicio. Esa fue una de las razones que motivó la protesta de los camioneros, que en dos oportunidades este año, convocaron a un cese de actividades. 

"Hay abundante expedición normativa y la inquietud del transportador es cómo la Superintendencia los va a vigilar y eventualmente los va a sancionar. Estamos en el proceso de asimilar las normas porque nos han creado más responsabilidades", dijo Cardona, quien participa en el Congreso Nacional de Transporte organizado por Colfecar, que se realiza en Cartagena.

El jefe de la entidad de control explicó que en el caso de la carga por carretera, además de vigilar a las empresas de transporte (1.700 están habilitadas legalmente para operar), también debe hacer lo propio con los conductores y propietarios de los vehículos, al igual que con los generadores de la carga.

A su juicio, después del paro de los camioneros, que finalizó a mediados de agosto, el cumplimiento de la tabla de fletes ha mejorado, "pero hay que aceptar que todavía la violación de la tabla de fletes se viene dando en Colombia", afirmó. En ese sentido, una de las modalidades más recurrentes es el acuerdo verbal. "Expiden el manifiesto, pero verbalmente se pueden hacer otros acuerdos y fijan el pago por debajo de la tabla".

Por esa razón, dijo, es necesario implementar el manifiesto de carga electrónico, que en criterio de la Superintendencia impedirá que se altere el flete. Sin embargo, Cardona reconoce que esa no es una solución definitiva a la problemática del sector.

No le tememos a la Dian: Colfecar

Jairo Sorzano, presidente la Federación Colombiana de Transporte de Carga por Carretera (Colfecar), dijo que el rechazo al pago de un manifiesto de carga electrónico, como recientemente lo ordenó el Ministerio de Transporte, no es un mecanismo para que las empresas que ese gremio representa eviten el control de sus responsabilidades tributarias.

Es su respuesta a recientes declaraciones del ministro Andrés Uriel Gallego, quien señaló que con ese documento, utilizando las tecnologías de la información, el Gobierno podrá hacer un mayor control, entre otros aspectos, a la contabilidad de las empresas, razón que explicaría el malestar de las compañías transportadoras de carga.

Sorzano indicó que "la Dian viene vigilando a las empresas de transporte desde hace mucho rato. No le tenemos temor porque venimos cumpliendo con sus requisitos. Nos estamos pronunciando sobre un reglamento del Ministerio de Transporte, específicamente del manifiesto electrónico de carga".

Para el presidente del gremio, además del costo que deben asumir las empresas por la expedición del manifiesto electrónico, que costará unos 100.000 millones de pesos en el año, esa obligación implicará demoras en la prestación del servicio. "La intervención del Estado está maniatando a los transportadores porque ahora, para mandar un camión a hacer sus envíos, debemos pedirle permiso al Ministerio", puntualizó.

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