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En el país, el porcentaje mínimo de mezcla será del 10 por ciento y de ahí en adelante el conductor podrá escoger cuánta más gasolina o diésel echar al tanque.

El único requisito será tener un vehículo cuyo motor deberá estar adecuado para biocombustibles.

De esta manera el país estará entrando en la era del flexfuel, una tendencia que se está imponiendo en países como Brasil, donde son los usuarios los que deciden con cuánto volumen de cada combustible llenarán sus vehículos.

De la misma forma, a partir de ese año se exigirá que todos los motores de los vehículos nuevos, ya sean locales o importados, sean capaces de mezclar biocombustibles en una proporción del 20 por ciento.

Estas son tan solo una de las medidas que trae consigo la nueva política para los biocombustibles, la cual busca incentivar este sector que hoy en día enfrenta tropiezos para su desarrollo como quedó ayer demostrado en la comisión quinta del Senado, en un debate convocado por los senadores Jorge Robledo y Hugo Serrano.

"Este negocio (el de los biocombustibles) está paralizado y tenemos las mismas cinco plantas productoras desde hace cinco años", dijo Jorge Robledo, del Polo Democrático.

Para subsanar los escollos, el Gobierno aprobó un documento Conpes en el cual se fijan las reglas de juego para incentivar entre el sector privado la puesta en marcha de nuevos proyectos de biocombustibles, ya que en la actualidad el programa se encuentra rezagado.

Entre las medidas, está el cambio en la fórmula de la fijación del precio para éstos, el cual básicamente busca que los productores de etanol y biodiesel les sea indiferente producirlos, independientemente de a cómo esté el precio del azúcar o del aceite en el mercado internacional.