El anuncio de Cristina Fernández tiene a más de uno con los pelos de punta, ante el temor de que el país gaucho se encamine hacia su segunda suspensión de pagos en una década
La última vez que el Gobierno argentino trató de usar ahorros de trabajadores para la amortización de la deuda fue en el 2001, poco antes de que dejara de pagar los intereses de una cartera de deuda pública de 95.000 millones de dólares.
El sistema de retiro que pretende desmontar el Gobierno, fue establecido en 1994 para contribuir a reforzar los mercados de capital, posee cerca de un cinco por ciento de las compañías cotizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y un 27 por ciento de las acciones disponibles para contratación pública, según datos compilados por fondos de pensiones.
"Es el último de muchos clavos en el ataúd desde una perspectiva de inversionista institucional", dijo Bill Rudman, analista en WestLB Mellon Asset Management en Londres. "Argentina está desapareciendo en la irrelevancia", agregó.
El que más tiembla
Aunque la propuesta gubernamental de estatalizar 10 fondos, incluso divisiones del banco británico Hsbc Holdings Plc y el español Bbva, requiere la aprobación del Congreso, ya hay varios países que temen que Argentina vuelva a declarar una moratoria de la deuda.
La nacionalización planteada "hace más probable que haya una suspensión de pagos a corto plazo, porque inflige un inmenso daño a la credibilidad del Gobierno y el sistema financiero ante su propio pueblo", dijo Paul McNamara, colaborador en la administración de una cartera de activos de mercados emergentes en el Augustus Asset Managers Ltd. en Londres.
El escalafón de los más 'asustados' por el posible 'efecto tango' lo lidera Venezuela. Desde que Hugo Chávez está en el poder, el país ha comprado cerca de 7.000 millones de dólares en bonos de del Gobierno Nacional de Argentina (Boden).
En agosto pasado, se realizó la más reciente transacción por 1.461,9 millones de dólares a una tasa cercana al 15 por ciento por bonos con vencimiento en el 2025. "Los bonos son de buen rendimiento y de buen prestigio. Estos bonos son oro", declaró Chávez en ese entonces.
Ahora esas palabras pueden jugar en contra del mandatario venezolano, que no se ha cansado de repetir que hará todo lo necesario para ayudar a Argentina. Falta ver que la presidenta Fernández devuelva las atenciones y no declare una nueva moratoria de la deuda.
Por acá no pasa nada
Y mientras Venezuela mastica en silencio la decisión de devolver los fondos privados de pensiones al Estado argentino, otros países del vecindario le han salido al paso al anuncio para demostrar que los sistemas de jubilación en sus naciones no están en peligro.
En un intento por disipar preocupaciones, el presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Perú, Pedro Flecha, dijo que los aportantes pueden estar "absolutamente tranquilos que ni por modelo económico ni tampoco por necesidad de estabilidad se adoptarán medidas como en Argentina".
"Hemos sido bien cautelosos en todas las inversiones que se han hecho en el extranjero y estos instrumentos que han causado la crisis mundial ya eran para nosotros no aptos para invertir", aseguró.
Por su parte, el Gobierno chileno aseguró que los dineros de los trabajadores están resguardados y descartó también la posibilidad de seguir al misma línea que Fernández.
"Es importante tener bien claro que tenemos una institucionalidad bien armada: hay mecanismos de fiscalización y de control, y un sistema que funciona" afirmó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
En Argentina la polémica por la decisión está candente, mientras que sus vecinos cruzan los dedos para que no haya una nueva moratoria. Agencias
La protección
Las permutas financieras de riesgo crediticio a cinco años basadas en la deuda del país, usadas para proteger los bonos argentinos contra una suspensión de pagos se dispararon ayer, al subir 2,38 puntos porcentuales, a un 32 por ciento.
Las permutas de riesgo crediticio son contratos ideados para proteger a los bonistas contra una suspensión de pagos y dan al comprador el valor nominal a cambio de las obligaciones subyacentes o el equivalente en dinero en efectivo si una compañía no se ciñe a sus acuerdos con respecto a la deuda.
Un aumento indica que hay deterioro en la percepción de la calidad crediticia. Amado Boudou, director de la administración de seguridad social, dijo que el Gobierno mantendrá la misma mezcla de inversiones en los fondos: 60 por ciento en bonos y 10 en acciones.
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