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Beneficios a privados e irregularidades en los estudios de valoración hacen parte de las demandas que se han levantado tras la compra de títulos del proyecto hidroeléctrico.

Hacia esto apuntan las pruebas que hacen parte de una acción popular instaurada por el ex gobernador de Antioquia Eugenio Prieto ante un juzgado administrativo de Medellín.

A la cabeza del negocio estuvo Álvaro Vásquez, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y ex secretario de Hacienda de Antioquia durante la gobernación del hoy presidente Álvaro Uribe.

El funcionario es cuestionado por supuestas irregularidades durante su gestión, lo que habría llevado a Uribe a pedirle la renuncia.

La compra de acciones se hizo efectiva el 14 de julio a través del Idea y dejó a la Gobernación con el 52,7 por ciento de Pescadero-Ituango. La operación se hizo por 97.000 millones de pesos y relegó al segundo plano a Empresas Públicas de Medellín (EPM), que compartía la misma porción accionaria con la Gobernación (45 por ciento).

Uno de los mayores cuestionamientos sobre el millonario negocio tiene que ver con la asesoría que el ex embajador en misión especial de Colombia en cinco países y ex presidente de la Junta Directiva de Cerro Matoso Sergio Restrepo Londoño hizo a los accionistas minoritarios.

Restrepo, vocero de los socios minoritarios ante el Idea, es asesor para Colombia de la multinacional minera brasilera Vale Do Río Doce, una de las compañías con más posibilidades de obtener una concesión a 25 años del proyecto Pescadero-Ituango a través de una inversión que superaría los 2.290 millones de dólares.

La concesión les abriría el paso a nuevas obras como un puerto en el Urabá antioqueño y una empresa de aluminio que se serviría de la hidroeléctrica para su producción.

El ex gobernador Prieto pregunta si desde ya la concesión está "amarrada"; pero el ex embajador Restrepo no quiso referirse al tema.

A este episodio de suma la denuncia sobre la posible participación de Esteban Ramos Maya, hijo del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en la valoración de las acciones hecha por la firma Corficolombiana.

Ramos Maya trabaja en Casa de Bolsa, filial de Corficolombiana, la cual, según el Gobernador y el gerente Vásquez, "no tuvo nada que ver con la valoración". Lo que muchos cuestionan es si el gobernador Ramos se debió declarar impedido.

De 1.000 pesos a 36 mil

Pero las denuncias van más allá. Incluso, EPM le pidió a la Contraloría de Antioquia que investigue al Idea por el monto pagado por cada acción.

EPM afirma, en un documento conocido por EL TIEMPO, que "se benefició indebidamente y en forma desproporcionada el patrimonio de un grupo de accionistas privados en detrimento del patrimonio público". La Contraloría ya empezó la invetigación.

Hace un años cada acción valía 1.000 pesos y el Idea las pagó a 36.854 pesos cada una.

Según ellos, ese pago se hizo un día antes de la capitalización de la sociedad Pescadero-Ituango, en la que era factible que los socios minoritarios no pudieran abonar nuevos dineros, lo que les abría el paso a los mayoritarios (EPM e Idea) para acceder a las acciones, pero por 1.000 pesos.

"Uno no entiende cómo no esperaron hasta la capitalización para comprar las acciones a un valor menor", asegura el ex senador liberal Ramón Elejalde, quien le pidió a la Procuraduría investigar.

Según documentos, empresas como Integral, que está en Ley 550(de quiebras), que le vendió al Idea el 2,39 por ciento de sus acciones en Pescadero-Ituango, recibió 35.000 millones de pesos. La valoración que Corficolombia hizo de las acciones también está bajo sospecha.

Corficolombiana y el Idea firmaron el pasado 18 de junio un contrato por 120 millones de pesos para "un acompañamiento bancario de inversión en la búsqueda de alternativas de inversión para el Idea".

Lo que analistas del sector no entienden es cómo, en menos de un mes, la firma le entregó al Idea el estudio de valoración de un megaproyecto de la envergadura de Pescadero-Ituango (la venta de las acciones se hizo el 14 de julio).

El estudio consta de cuatro hojas en las que aparece como conclusión un valor estimado de Pescadero-Ituango en 696 millones de dólares. El valor fue dividido por el número de acciones y así el Idea sacó el precio que debía pagar por cada acción a los minoritarios y sumó la llamada 'prima de control', que fue de 20 por ciento adicional. "Usaron un método de estimación llamado múltiplos de capacidad que exige una comparación con otro proyecto similar, que en este caso no existe por ser Pescadero-Ituango una iniciativa única", insiste Prieto.

En un documento del 29 de julio, Corficolombiana explica el proceso de valoración fundamentado en estimados de precios de la energía y futuros escenarios de inversión. Y asegura que en la valoración "no se realizó una auditoría, verificación o debida diligencia sobre la información y proyecciones suministradas por el Idea". Esto, para expertos en temas de valoraciones como el profesor de la Eafit Óscar Medina, es válido.

'Este negocio es un libro abierto'

Álvaro Vásquez, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), habló sobre los interrogantes.

¿Cómo explicarle a la gente que con dineros públicos se compraron unas acciones a 36.854 pesos cuando su valor nominal no superaba los mil pesos?

Valores similares de 30 mil pesos y más ya estaban estipulados en estudios que se hicieron el año pasado y que están en poder de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Incluso, muchos analistas insisten en que vale más del doble de lo que se pagó. La firma Corficolombiana les ha hecho estudios tanto a EPM como a otras empresas y es la mejor en esto.

Pero un día después ustedes podían comprar esas mismas acciones a mil pesos...

Porque hubo un proceso de subasta antes de esa compra por las acciones que tenía la Empresa de Energía de Bogotá en Pescadero-Ituango. Presentó oferta EPM, la Chec y nosotros. Con la valoración de Corficolombiana, se ofreció 33 mil pesos.

Entonces ya estaban las cartas sobre las mesas y los demás dueños de las acciones minoritarias, iban a pedir un valor similar.
Además, los socios minoritarios iban a capitalizar, el acuerdo era en grupo y decían que si alguno de los minoritarios no podía capitalizar, entonces lo hacían en grupo.

¿Con esto se rompió un pacto con EPM para mantener el equilibrio accionario?

Nunca. Antes EPM ofertó por unas acciones que tenía la Empresa de Energía del Pacífico que le daba un 0,33 por ciento adicional sobre Pescadero-Ituango. Eso fue para nosotros una puñalada en la espalda. Y a partir de allí nosotros empezamos nuestro proceso.
¿Cómo va a enfrentar las investigaciones que ya se anuncian sobre el negocio de Pescadero?

Con total tranquilidad. Este proceso está avalado por un estudio de una reconocida firma como Corficolombiana (...) Este negocio es un libro abierto para que cualquier ciudadano lo examine.

¿ Uribe le pidió la renuncia por supuestas irregularidades en su gestión como Secretario de Hacienda?

Falso. Yo renuncié cuatro veces, por varios motivos, en especial porque tenía varias actividades particulares.

Corredor estratégico en el conflicto

El atentado del viernes pasado en pleno corazón de Ituango, donde un paquete explosivo puesto por un miliciano de las Farc mató a 7 personas, es una muestra de los intereses de los grupos armados por esta región.

El municipio, el más cercanos al megaproyecto hidroeléctrico y el que será el más beneficiado con la obra, padece el conflicto desde hace 30 años.

Aún hoy en el rostro de sus 35 mil habitantes se refleja el horror por la masacre en el corregimiento El Aro en 1997, cuando paramilitares al mando de Salvatore Mancuso asesinaron a 15 campesinos en lo que se consideró como la fase de consolidación 'para' en un territorio histórico para las Farc.

El corredor del Nudo de Paramillo, que comunica a Ituango con el Urabá antioqueño y parte del Chocó, es una zona estratégica para las Farc. Con la llegada de los paramilitares, la influencia de las Farc se concentró en el Medio y Bajo Cauca de Ituango, en límites con Tarazá.

Allí se encuentran alrededor del 95 por ciento de los cultivos ilícitos de Antioquia con unas 17 mil hectáreas de las cuales, según la Policía Antioquia, se han erradicado 13 mil.

Hoy, esa zona les sirve a las Farc y las llamadas 'bandas emergentes' como la caja fuerte de sus finanzas. Desde la zona rural han llegado tres veces este año unos 8 mil campesinos para protestar por la erradicación de los cultivos ilícitos. La mayoría amedrentados por las Farc y otros grupos armados.

"Es una zona histórica de confrontación. Aunque hoy, en la región donde se va a desarrollar el proyecto (Pescadero-Ituango), la presencia militar ha logrado alejar a estos grupos armados", asegura Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit.

Juan David Correa / Corresponsal de EL TIEMPO / Medellín.