Se debe al recrudecimiento de la discusión entre comunidades indígenas sobre los beneficios de esta promesa minera en el Chocó. También habría importantes reservas de otros minerales como molibdeno.

Mientras las autoridades persiguen a la minería ilegal con el decomiso de dragas para la explotación ilegal de oro en el Chocó como ocurrió hace unos días, las empresas formales, que siguen los lineamientos establecidos por la legislación, se quejan porque -paradójicamente- la falta de coordinación interinstitucional para sacar adelante proyectos legales, se ha convertido en semillero para la informalidad.

Este es el caso de la firma La Muriel Mining Corporation, una compañía minera de origen estadounidense que busca el que sería el más grande yacimiento de cobre del país, en la región del Carmen del Darién (Chocó), el cual se conoce como Mandé Norte.
La minera, que también tiene operaciones en Perú, prácticamente tiene paralizado desde comienzos del 2009 éste que es considerado uno de los proyectos económicos más importantes para el desarrollo de esa región, en el cual se harán inversiones superiores a los 20 millones de dólares.

El caso de La Muriel no es el único y le sigue los pasos a las dificultades que ha tenido el proyecto de oro de La Colosa en Cajamarca de Anglo Gold Ashanti cuya autorización para sustraer un área de reserva forestal se encuentra pendiente de aprobación desde hace varios meses por parte del Ministerio de Ambiente, a pesar de que se han allegado todos los documentos y estudios requeridos.

Un problema similar le ocurre a la compañía canadiense Cosigo Resources, que tiene un proyecto para buscar oro en Vaupés y aún no comenzado los trabajos de exploración los cuales son básicos para decidir si de desarrolla el proyecto.

La Muriel tiene nueve títulos mineros en el Registro Nacional, para la explotación y producción de cobre, oro y molibdeno en Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia).

Los problemas se han suscitado porque grupos indígenas convocados por la ONG Comisión Intereclesial Justicia y Paz, invadieron el área de operaciones en La Rica, donde inicialmente se construyó un campamento y un helipuerto, impidiendo los trabajos de la compañía. Así se lo hizo saber la empresa en una carta enviada al presidente Álvaro Uribe.

La ONG se opone a que se realicen estos trabajos en los territorios indígenas, pues considera que son ancestrales y es una intromisión en la cultura de comunidades como los Embera.

El desalojo de los indígenas que se realizó en enero con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se convirtió en un problema social, pues la ONG acusó públicamente a la empresa La Muriel de haber provocado un desplazamiento de indígenas y una emergencia humanitaria en la zona, e incluso la señaló de que todo ello había dejado una persona muerta, lo cual fue desmentido por la compañía.

El representante legal de la minera, Guillermo Pardo, explicó que no es comprensible que un sencillo proceso de exploración se haya convertido en una polarización entre la comunidad indígena Embera por cuenta de un tercero, en este caso una ONG.

"Lograr la coordinación institucional ha sido difícil y las posiciones están divididas, pues cada uno tiene interpretaciones diferentes", dice el directivo, quien argumenta que el Chocó, una de las regiones más empobrecidas del país, se podría estar perdiendo de los beneficios de la explotación a gran escala de un metal tan apetecido como el cobre.

"No es posible que mientras la Dirección de Etnias avala una consulta previa hecha con las comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo después diga que la misma no es válida", explica Pardo.
 
Minería busca competir en el mercado externo

De llegar a ejecutarse la explotación minera se generaría un importante número de empleos en la región. "Por lo poco que se conoce el proyecto tiene potencial importante", sostiene Guillermo Pardo., representante legal de la minera La Muriel.

El directivo explica que los trabajos de exploración no demandan un área mayor a las 20 hectáreas y que tardarían seis meses.

Luego de analizados los resultados, se definiría la factibilidad de este proyecto que por años ha estado en la mira de los inversionistas y de los mismos lugareños.

El tema ya llegó a la Casa de Nariño desde donde se ordenó una reunión que se realizará el próximo 29 de abril entre los directivos de la compañía y las autoridades mineras nacionales para tratar de destrabar el proceso, que una vez más pone contra las cuerdas la meta del mismo Gobierno de convertir a Colombia en una potencia minera en la próxima década.

El Ejecutivo tiene entre sus planes competir con potencias como Chile y Perú.

JUAN GUILLERMO LONDOÑO Subeditor economía y negocios