A cuatro días del reinicio de tareas del Congreso de la República, hasta los aliados del Ejecutivo reclaman más acción económica. Liberalismo anuncia proyecto para extender impuesto al patrimonio.

Las dudas no solo tienen que ver con la brevedad de este periodo de sesiones (90 días) y la incidencia que tendrían sobre él las campañas electorales (reelección incluida), sino también con el papel que debe jugar el Legislativo ante la crisis mundial.

A esto se suma el hecho de que en la agenda del Gobierno no habrá más iniciativas económicas que la reforma tributaria territorial y los cambios que se le introduzcan a la reforma financiera. Estos serán anunciados por el superintendente Roberto Borrás.

Para el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, hay aspectos de la crisis y acciones emprendidas por otros países que se pueden capitalizar para el sector financiero local. Por eso, explicó, el Ejecutivo llegará con propuestas nuevas para reactivar la discusión de la reforma.

Política 'mata' economía

En todo caso, persiste la idea de que la agenda política se llevará toda la atención. "Ya vimos el año pasado que el Gobierno es capaz de hacer cualquier cosa para sacar la reelección. Esa será la gran obsesión y nos van a paralizar el Congreso en un momento en que el tema debería ser la crisis y sus implicaciones sociales", adelantó la senadora liberal Cecilia López.

El desempleo, agregó, debería ser uno de los temas por abordar este semestre, teniendo en cuenta que ya superó el 14 por ciento y que, según ella, puede llegar hasta el 18, con una economía creciendo tan solo al 2 por ciento (el Gobierno pronostica un 3).

Para otros observadores, no es mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, creen que sería útil abordar cuanto antes los parafiscales y su impacto en el empleo.

"Ya se echó para atrás el Gobierno con lo que había dicho la semana pasada (que las pymes que contrataran gente y no despidieran podrían pagarlos en cuotas). Si bien una reforma en este frente tendría impacto en muy pocas empresas, sería importante avanzar en el tema", comentó un cabildero que defiende intereses de conglomerados industriales y que pidió el anonimato.

Para Javier Hoyos, gerente de la firma Javier Hoyos Asesores-Gestión Legislativa y Gobierno, se debe determinar primero si todos esos recursos son realmente aportes parafiscales o si son simples impuestos, "como el aporte de las empresas al ICBF".

El ejecutivo advierte, no obstante, que eliminar todos los parafiscales no es viable porque no hay cómo reemplazar los 6 billones de pesos que representan.

"Pero sí podría discutirse alguna racionalización en vista de que se puede estar presentando una duplicidad de esfuerzos", concluyó.

La opinión del ex ministro de Hacienda Guillermo Perry es que las crisis se deben aprovechar para empezar a hacer cambios necesarios en "muchos temas de agenda legislativa importantísimos que no se están abordando: el financiamiento de la salud, la falta de institucionalidad en el frente de infraestructura y transporte, y el mercado laboral". 
 
Qué piensan en el Congreso

Martha Lucía Ramírez, senadora del Partido de la U, advirtió que la crisis no ha llegado aún a Colombia y que por eso el Congreso debe tomar una mayor iniciativa a la hora de buscar mecanismos que permitan capotearla.

"No estamos preparándonos de manera proactiva para atender la caída en las exportaciones y la inversión extranjera, ni para reaccionar ante un aumento de las tasas de interés o el aumento del costo financiero que van a tener que absorber nuestros empresarios, que hoy tienen un endeudamiento en moneda extranjera muy alto. Estamos todavía trasnochados con la bonanza del año antepasado", dijo.

Su colega liberal Camilo Sánchez anunció debates al Ministro de Hacienda para que explique los programas anticrisis y el hueco fiscal, que este año superaría los 5,5 billones de pesos.

Los liberales esperan radicar un proyecto para extender el impuesto al patrimonio, que aplicaría a los patrimonios de más de 8.000 millones de pesos una tarifa del 1,2 por ciento.

"Recaería sobre los que más tienen y más han ganado: el sistema financiero y además los inversionistas a quienes se les han dado todas las gabelas. Este impuesto sería, no para la seguridad democrática, sino para una segunda fase que es la seguridad alimentaria y laboral", dijo Sánchez.

Ivonne Venegas Molano / Redacción de Economía y Negocios