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Mediante resolución No. 051694 del 4 de diciembre, se multó a las cementeras y a sus representantes legales como resultado de una investigación.

En ella se acreditó que, durante el segundo semestre del 2005, estas empresas acordaron fijar el precio del cemento Portland Gris Tipo 1 y repartirse el mercado de este producto en el territorio nacional.

El argumento para la sanción de la Superintendencia es que en Colombia es ilegal acordar los precios -con excepción de algunos alimentos- y repartirse los mercados, pues esto atenta contra la libre competencia.

Según la investigación, "los acuerdos se establecieron a partir del análisis del comportamiento registrado en los precios y en las participaciones de las empresas en el mercado de esta clase de cemento, así como de la información recaudada que muestra el intercambio de información reservada y de múltiples reuniones de sus representantes legales y de funcionarios de las áreas comerciales".

El supuesto acuerdo entre las cementeras tumbó el precio de este producto y llevó a la venta de Cementos Andino, una de las pequeñas del sector, que en diciembre del 2005 pasó a manos de Cementos del Caribe, subordinada de Cemento Argos, por 192 millones de dólares.

Además de las sanciones impuestas a las empresas, la Superintendencia les fijó multas a los representantes legales por 414 millones de pesos. El organismo de control explicó que estas decisiones no se encuentran en firme toda vez que contra las mismas procede el recurso de reposición.