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En 2007, se recibieron 12 solicitudes de despidos masivos y este año, hasta agosto, iban 11. La pérdida de puestos de trabajo en los últimos meses ha sido gradual.

Las cifras oficiales indican que este fenómeno afectó a 149.000 personas en el trimestre junio-agosto respecto a igual periodo del año pasado, que sumadas a las que ya estaban cesantes y a las que incursionaron por primera vez en el mercado laboral elevó el número de desempleados de 2'104.000 a 2'242.000.

Sin embargo, la desaceleración de la economía, que en el segundo trimestre del año registró un crecimiento de 3,7 por ciento, muy lejos del 8 por ciento obtenido en el mismo trimestre del 2007, aún no ha generado despidos masivos en las empresas a juzgar por la información que reposa en el Ministerio de la Protección Social.

En efecto, según la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio, dependencia encargada de analizar, evaluar y conceptuar sobre las peticiones empresariales de despidos colectivos, este año se han recibido 11 solicitudes originadas en Bogotá, Medellín, Manizales y Santander, entre otras zonas.

Los trabajadores que se afectarían con esas peticiones, de ser respondidas afirmativamente, están vinculados a los sectores manufacturero, de servicios y agroindustria (este último corresponde específicamente a un cultivo de palma africana).

De esas solicitudes, de acuerdo con el Minprotección, ya se consideró viable una correspondiente a una firma de combustibles situada en la frontera y que afectó a un número muy reducido de trabajadores; otra se devolvió; las nueve restantes están aún en trámite.

En todo el año pasado se recibieron 12 peticiones de desvinculaciones masivas, de las cuales la Unidad consideró viables cuatro, aunque la decisión final la toma el director territorial del Ministerio de la Protección Social. Las demás fueron devueltas por no llenar los requisitos exigidos por la ley.

No obstante lo anterior, es decir, que no se han producido despidos masivos, los cuales siempre tienen que contar con la autorización del Ministerio de la Protección Social, es imprescindible tener en cuenta que ellos solo hacen referencia a los trabajadores vinculados a las empresas mediante un contrato de trabajo a término indefinido.

En otras palabras, que para sacar trabajadores con contratos de prestación de servicios, contrato comercial o vinculados a través de Empresas de Servicios Temporales (EST), Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) o cualquier otra forma de relación contractual, las empresas no requieren autorización alguna del Ministerio, pues, desde el punto de vista legal, aquellos no son empleados suyos sino de terceros o que actúan como independientes o son asociados a las CTA y a las precooperativas de trabajo asociado.

De la misma manera, no requieren el visto bueno del Ministerio de la Protección los despidos de trabajadores si la proporción de estos no supera determinados límites establecidos en la Ley 50 de 1990.

Por esa razón, las peticiones de despidos masivos de trabajadores, y los consiguientes vistos buenos a que haya lugar, no son, en este momento, el mejor indicativo de lo que está sucediendo en el mercado laboral y están lejos de explicar los movimientos de los cesantes y de la tasa de desempleo nacional, que en agosto fue de 11,2 por ciento.

Una encuesta de Fedesarrollo entre 500 empresas manufactureras divulgada en mayo pasado, cuando ya las actividades productivas estaban desaceleradas, mostraba que por las tasas de interés y la revaluación del peso, entre otras causas, era mayor el número de firmas que pensaba disminuir la nómina que las que dijeron que la aumentarían.

Los resultados de la encuesta fueron que el 69 por ciento de los consultados respondió que no habría cambios en la planta de personal, mientras que el 12 por ciento dijo que la incrementaría y el 19 por ciento, que la reduciría.

Ese era el pronóstico de los empresarios, aunque no se sabe si se cumplió o se está cumpliendo ni en qué magnitud, pues nuevos hechos, como la devaluación del peso en las últimas semanas, que les ha dado un respiro importante a los exportadores, han podido hacer variar sus planes laborales, o si las dificultades de mercados significativos para Colombia, como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, hayan afianzado la idea de aligerar las nóminas.

Incluso, como lo advierten en la Unidad de Inspección, Control y Vigilancia del Ministerio de la Protección Social, no siempre el visto bueno para un despido colectivo significa su ejecución cabal, pues en ocasiones, mientras se surte el proceso, los empleadores diseñan planes de retiro para sus trabajadores, algunos renuncian o cambia radicalmente la situación y perspectivas de la empresa al punto de que se abstiene de salir de todo el personal que había previsto inicialmente.

En la encuesta de Datexco para el diario PORTAFOLIO, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio del 2008), el 67,5 por ciento de los consultados afirmó que había mantenido el número de empleados contratados a término indefinido; el 11,4 por ciento lo aumentó y el 17,6 por ciento, lo disminuyó.

Redacción de Economía y Negocios