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La presidenta de Acodal, Maryluz Mejía, dice que el mínimo vital debería ser para todos y advierte que el país carece de una cultura de ahorro del líquido.

La iniciativa, que obtuvo apoyo de 2'039.000 firmas, busca modificar la Constitución Nacional y que el Estado garantice un mínimo vital gratuito de agua potable, al que tendrían acceso todos los habitantes del país independiente de su condición social, étnica y económica.

Esta será estudiada por la Comisión Primera. Posteriormente, quedará a instancias de la plenaria, mientras que el trámite en el Senado se producirá a partir de marzo del 2009.

"Los ejes de la propuesta son, desde luego, el carácter de bien común y público que tiene el agua, y el reconocimiento de la existencia de un derecho humano fundamental a acceder al recurso, en particular, al agua potable", había expresado en su columna de Ecofondo, Rafael Colmenares, director ejecutivo de
esta entidad, una de las impulsoras del proyecto.

Ante esto, Maryluz Mejía de Pumarejo, presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), reconoció el derecho constitucional que ampara a las organizaciones promotoras del acto, pero advirtió sobre los impactos económico y social que traería.

"El uso del sentido común no debe sobrepasar las expectativas ambientales y económicas actuales, pero bajo esas condiciones, a este tipo de iniciativas de proyectos tan interesantes hay que darle las debidas discusiones técnicas", dijo la dirigente gremial, quien señaló que desde la Asociación se ha abogado por proteger el recurso hídrico colombiano y su uso sustentable.

Sin embargo -agregó la presidenta de Acodal- es necesario acompañar este sentir con un análisis técnico frente a la situación de escasez del recurso en muchas regiones del país y jurídico, con respecto a lo que en la propuesta de referendo se plantea como mínimo vital: "Este mínimo vital debería ser para todos. ¿Sería posible cuando Colombia carece de una cultura de ahorro y uso eficiente del agua?".