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Pdvsa tendrá que consultar a wayús para el gasoducto binacional 'Antonio Ricaurte',

Publicado el 11 de Agosto de 2008

Tribunal Contencioso de La Guajira, en un fallo de acción de tutela en primera instancia, amparó los derechos a la consulta previa de los habitantes de seis comunidades indígenas

del gasoducto binacional por considerar que fueron desconocidos por la petrolera venezolana Pdvsa Gas durante el proceso.

La acción de tutela fue instaurada por Lumumba Van Grieken y otras autoridades indígenas de las comunidades wayú Alto Pino, Warrakamana, Jatsumana, Jararao, Tapaijainmaru y Ruleya Jamichera, en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio del Interior y Justicia y la compañía Pdvsa Gas.

En abril del 2007, los miembros de estas comunidades impidieron por varios días que los técnicos de Pdvsa continuaran con los trabajos de construcción del gasoducto, alegando que no habían sido tenidos en cuenta en el proceso de consulta previa ni en el pago de servidumbre e indemnizaciones por el paso de la tubería por su territorio.

En ese entonces fue necesaria la intervención del Ministerio del Interior y Justicia para verificar estas quejas. Tras visitar la zona, en agosto del año pasado, el Ministerio conceptuó que algunas comunidades habían quedado por fuera del proceso de consulta.

Este concepto fue remitido al Ministerio de Ambiente, que a su vez lo hizo llegar a la empresa Pdvsa para que procediera a consultar estas comunidades, pero hasta ahora no han sido incluidas.

Antioquia fortalece plan contra el hambre

El plan de seguridad alimentaria y nutricional para Antioquia, conocido como Maná y el más importante para la nutrición de cientos de niños en Antioquia, se convertirá en una gerencia adscrita a la Gobernación de Antioquia con un presupuesto de 90.000 millones de pesos.

Según el gobernador, Luis Alfredo Ramos, la gran responsabilidad que genera los proyectos adscritos a este programa y el último acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas¿para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para la implementación de 540 huertas familiares productivas, en diez municipios antioqueños, obligan al cambio de modelo administrativo.

Para Magnolia Giraldo Duque, gerenta de Maná, con el cambio se pasará a depender directamente del despacho del Gobernador.

"Vamos a tener una organización administrativa que nos permitirá cumplir con nuestras actividades tanto internas como externas", dijo Giraldo.

A la fecha, Maná tiene como presupuesto para la línea de complementación alimentaria 89.000 millones de pesos. Además, pasará de entregar desayunos en 240 días a los 365 días del año. En restaurantes escolares se inició en 90.000 porciones y ya llega a las 100.000.

MEDELLÍN

Manejo  residuos peligrosos

Desde el primero de agosto los empresarios vallecaucanos están aprendiendo que los residuos peligrosos que dejan sus procesos industriales no pueden ir a parar a bodegas, alcantarillas o basureros. Que de acuerdo con el manejo que les den pueden aprovecharlos y, lo más importante, que si violan la Ley podrían ser fuertemente sancionados.

"Todo lo que se desecha de los procesos de producción debe reportarse, así como el destino que tiene", dice Andrés Rojas, del programa de Gestión de Residuos Peligrosos, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Es el primer grupo que recibe esta capacitación a la luz del 'Proyecto de cooperación técnica internacional en gestión de residuos peligrosos', de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile y la Agencia de Cooperación Alemana GTZ.

Tres meses para negociar

La sentencia del Tribunal señala que "el debido proceso para la consulta previa de las comunidades demandantes está vulnerado porque dos años después de haberse otorgado la licencia (2006) no ha finiquitado el proceso de compensación".

Según la decisión judicial, Pdvsa Gas deberá "entregar los bienes y/o pagar los reconocimientos de los daños por el impacto de ocupación de las servidumbres y demás afectaciones que logre negociar, en un plazo máximo de tres meses".

El fallo también tuteló los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la integridad social, cultural y económica de los demandantes.

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