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Largas temporadas de lluvia, las cuales acrecientan los niveles de los ríos y propician graves inundaciones, como las que tiene en alerta roja en estos momentos a las poblaciones ribereñas del Magdalena Medio y las que están próximas al río Cauca, son consecuencia directa de los cambios climáticos.

Si bien no es un fenómeno nuevo, la prevención es poca y los mecanismos para mitigar los riesgos son limitados en los países de América Latina. Colombia no es la excepción a ese fenómeno.

La investigadora económica de Fasecolda, Alejandra Muñoz, señala en un reciente informe relacionado con el cambio climático y los desafíos para el sector asegurador, que las características de los países con alta concentración poblacional en zonas urbanas y la pobreza hacen que el impacto de eventos climáticos sea más traumático en los países no desarrollados, incluido América Latina.
A su juicio, es necesario desarrollar mecanismos financieros que permitan diversificar los riesgos para que los países cuenten de manera inmediata con recursos ante eventos catastróficos.

Protección ambiental con pocos recursos

La Ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental (Sina), la cual estableció el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios ambientales.

Desde entonces, se han asignado recursos importantes del Presupuesto General de la Nación para la protección ambiental.

Según se reseña en el documento número 3343 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), entre 1995 y 2002, de un total de 1.700 millones de dólares del Sina, el 31 por ciento provenía del Presupuesto, mientras que el 69 por ciento restante de las rentas propias de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

El documento, aprobado en marzo de 2005, establece el programa de Inversión y Desarrollo Sostenible (IDS), dirigido a atender la problemática de degradación ambiental asociada a los sectores de agua, transporte, energía y desarrollo territorial. También apoya el gobierno en el diseño y control de gestión del Sina.

El costo total del programa se calculó en 8,05 millones de dólares, financiado mediante un crédito provisto por el Banco Mundial de 7 millones de dólares y 1,05 millones de dólares correspondientes al aporte local.

Según el cronograma de desembolsos, se espera que este año lleguen 1,62 millones de dólares por cuenta de la banca multilateral y 350.000 dólares de los aportes locales.