Portafolio.com.co

La ley ordena ocupar con empleados que trabajan en el Estado hace varios años en condición de provisionales, y sin pruebas, unos 105 mil cargos en el Estado que estaban destinados a quienes ganen el primer gran concurso para ingresar al servicio por méritos.

Unas 600 mil personas desempleadas han presentado hace tres años las pruebas para acceder, vía carrera administrativa, a esos cargos, y pagaron por el derecho a concursar.

La Comisión Nacional de la Función Pública, entidad que lidera la ejecución de las pruebas, dijo en días pasados que si se aprueba esa ley, los cargos que quedarían para la meritocracia serían menos de diez mil.

Los funcionarios provisionales que se disputan los mismos cargos sin presentar pruebas pertenecen a la Fiscalía General de la Nación, a la docencia, al Ministerio de la Defensa y a otras múltiples entidades que lograron que se realizara un acuerdo político a instancias del Congreso de la República en presencia de la CUT.

La central obrera expidió este jueves un comunicado en el que dice que ese mismo día (el 22 de abril) le manifestaron al Presidente que el proyecto fue el producto de una concertación entre el Gobierno, los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria y el sindicalismo, y que cualquier definición sobre la no firma debería ser previamente dialogada con las instancias con las que hicieron el acuerdo para garantizar el tránsito por el Legislativo.

La central obrera más grande de Colombia asegura que el Presidente de la República aceptó que se hagan consultas para tomar una decisión definitiva.

"Le manifestamos al país que producto de la concertación se hizo justicia, al darle estabilidad a mas de 130 mil funcionarios que venían laborando en cargos de carrera administrativa desde hace varios años, demostrando idoneidad en sus trabajos, pero que estaban a punto de perder sus empleos. Ahora no podrán ser despedidos salvo por las razones del artículo 41 de la ley 909 de 2004", sostuvo Carlos Rodríguez, presidente de la  CUT.

La CUT señala que sería una frustración para el sindicalismo y los 130 mil trabajadores que se benefician con esta ley, si el mandatario lo objeta y "una burla para quienes en el legislativo dedicaron esfuerzo y tiempo para la concreción de esta ley".