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Una Ley aprobada la semana pasada redujo hasta ese punto la cifra. Inicialmente, 600.000 personas se inscribieron para presentar el examen y pagaron $16.000 y $18.000 por derecho a concursar.

Así, la norma borra de un plumazo la intención de atajar las influencias políticas para la designación de funcionarios del Estado.

La Comisión Nacional del Servicio Civil reconoce que si esa norma pasa como fue aprobada, los empleos públicos que restan de la convocatoria para someter a concurso serán incluso menos de 10.000. Es decir ni la décima parte de lo prometido a los concursantes.

"Ni el Congreso ni el Gobierno calcularon cuántos provisionales había, ni el impacto social que era sacar a convocatoria todos esos cargos. Cuando se dieron cuenta que eran miles de personas, comienzan a improvisar y eso ha obstaculizado el concurso", asegura el asesor de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) Frídole Ballén.

Las expectativas originales fueron 106.000 empleos. Después, fueron excluidos los cargos del Ministerio de Defensa y las empresas sociales del Estado, lo que redujo las vacantes a llenar a 56.000. Ahora, una vez entre en vigencia la nueva ley, serían menos de 10.000.

La Comisión expresó su inconformidad y aseguró que de confirmarse esa norma la demandará porque la considera inconstitucional que estaría violando el derecho a la igualdad, dándole privilegios a quien ya ocupa un empleo público sobre quien no lo tiene.

Qué dice la nueva ley

El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, asegura que el proyecto de ley fue el producto de un acuerdo entre las centrales sindicales y un grupo de parlamentarios liderados por Dilian Francisca Toro y tuvo tres debates.

"El texto señala que esas vacantes deben ser copadas, no mediante el régimen del concurso sino en un sistema accesorio. A esos trabajadores provisionales les dijeron por muchos años que les iban a hacer concurso y nunca se lo hicieron, pero ellos se desempeñaron bien porque se mantuvieron en sus cargos", puntualizó Arias Giraldo.

Ahora, ni la misma comisión sabe qué queda de la convocatoria del siglo pues frente a tantos retazos es casi imposible tomarle los tiempos al proceso que falta.

Los reñidos cargos se tenían reservados para quienes concursaran por méritos, conocimientos, y libres de palancas políticas, pero podrían ser destinados en los próximos días a los empleados provisionales por cuenta de dicha ley, que ya se aprobó pero, como tuvo mensaje de urgencia de la Presidencia de la República, se creó una comisión conjunta de conciliación y de allí irá a las plenarias de Cámara y Senado para luego ir a sanción presidencial.

Los provisionales que tienen su cargos hace más de una década, argumentan el derecho a la estabilidad loaboral. El proyecto fue respaldado por las centrales obreras, el Polo Democrático Alternativo y va acompañado, por si las moscas, de un proyecto de Acto Legislativo que reforma la Constitución el cual, de paso, dejaría sentados a los provisionales en la anhelada silla de los trabajadores de carrera administrativa.

Se trata de una reforma al artículo 125 para que se inscriba de manera extraordinaria a los trabajadores provisionales a la carrera administrativa.

El problema es que la carrera administrativa quedaría reducida a su mínima expresión al igual la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad creada por la Carta Magna para garantizarle a los colombianos la transparencia en el acceso a los cargos del Estado.

El proyecto de reforma constitucional lo presentó en el 2007 Germán Enrique Reyes Forero, Carlos Germán Navas Talero, Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas y River Franklyn Legro Segura.

Esa entidad inició un proceso de selección que ya le ha generado al país costos superiores a los cinco mil millones de pesos, dentro de un total de 25 mil millones de pesos, que es el valor global del proceso de la convocatoria.

"El proyecto de ley goza de apoyo de los sindicatos por una sencilla razón: ellos afilian empleados, no desempleados; y lo aprueban muy rápido en el Congreso por otra más elemental, existen muy pocos congresistas que no tienen gente suya como provisionales en el Estado. No hay quien defienda a un grupo de desempleados que concursan", dijo el asesor del despacho del presidente de la Cnsc, Frídole Ballén.

La meritocracia es un fenómeno que no ha visto la luz en 70 años de intentos fallidos. En el año 1936 se dispuso la primera ley de carrera administrativa, "pero implementarla ha sido difícil porque el país ha estado construida sobre la burocracia", puntualiza Ballén.

Se ha intentado con reformas en 1942, 1945, 1957, 1968, 1987, 1992, 1998 hasta el 2004 con la ley 909. Son normas en las que se dice que las reglas a aplicar son el ingreso por méritos, el concurso y la garantía a la igualdad.

Meritocracia en la Constitución

La Constitución de 1991 tiene dos artículos para el tema de la carrera administrativa que son el 125 que prevé que la regla es que los cargos en el sector público son de carrera administrativa y por excepción tendrán otro carácter como libre nombramiento y remoción, la elección popular, y de período (gerentes de hospitales). Los que no son de carrera deberían ser uno de esos otros.

El otro es el 130 que creó la Comisión Nacional del Servicio Civil, independiente de las ramas del poder, con presupuesto autónomo, de similar naturaleza que el Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión.

Alejandra Buitrago Redacción de Economía y Negocios