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Para concluir el proceso, el Ministerio de Agricultura trabaja en las opciones jurídicas. Eso anunció el jefe de esa cartera, al término de un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes.
Igualmente, añadió que su cartera está a la espera de que, en unas cuatro semanas, se pronuncie la comisión de expertos que se creó para evaluar los aspectos técnicos sobre el uso de 17.000 hectáreas de tierra localizadas en Puerto Gaitán, Meta, y que pertenecen al Estado. La comisión está integrada por los expertos Ramiro Tafur, Diego Miguel Sierra, Gabriel Rosas Vega y Juan Carlos Echeverri, quienes están recogiendo opiniones de varios sectores del orden nacional y regional sobre las opciones de explotación que tienen estos terrenos. Las conclusiones del estudio servirán de insumo para que el Ministerio de Agricultura tome una decisión acerca de la suerte de esos terrenos. Por su parte, la parlamentaria liberal Liliana Barón, quien citó al debate en la Comisión V de la Cámara, insistió en que con el caso de la finca Carimagua se evidencia la necesidad de reglamentar lo relacionado con las concesiones de recursos naturales renovables. El 19 de febrero pasado, esa cartera expidió la Resolución 234 en la que suspendía por tres meses el proceso, atendiendo una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, y luego de que EL TIEMPO reveló el 10 de febrero las intenciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, de entregar esas tierras a empresarios pese a que estaban comprometidas a familias víctimas de la violencia.
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