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Modernizar las operaciones bancarias en el país busca proyecto de ley presentado por el Gobierno

La iniciativa contempla nuevas oportunidades de negocio para los grupos financieros, así como alternativas de protección a los consumidores contra los eventuales abusos de la banca.

Aunque en la nueva reforma habrá puntos clave para los negocios de ese sector, como la creación de los multifondos para los fondos privados de pensiones, y que las corporaciones financieras dejen de captar dinero y se enfoquen en la banca de inversión, el ámbito jurídico de todo el sector tendrá un peso sustancial.

De hecho, los voceros de la banca y los representantes de los usuarios señalan que el tema de la estabilidad jurídica será la clave de la nueva ley.

Por el lado de los usuarios, el tema central de la reforma debe ser el diseño de un modelo de protección eficiente contra los posibles abusos de las entidades financieras.

Por eso, una propuesta que las asociaciones de usuarios impulsarán en el Congreso será la creación de la figura del defensor del cliente financiero como un ente independiente del Gobierno.

En otras palabras, propondrán que la defensoría del cliente bancario sea un organismo adscrito a la Procuraduría General de la Nación o a la Defensoría del Pueblo.

La figura actual en la que los defensores de los usuarios dependen directamente de las propias entidades financieras no es vista con buenos ojos por agremiaciones de usuarios, que la consideran poco seria porque quienes los deben proteger son abogados pagados por los mismos bancos.

Fernando Salazar, director de la Asociación Nacional de Usuarios del Upac (Anupac), dice que "el tema de la fiscalización del servicio bancario debe tener un control ajeno al ámbito de la Superfinanciera para evitar que las entidades vigiladas por ese organismo tengan ingerencia en las sanciones que se les aplican".

Un tema puntual que inquieta a los usuarios tiene que ver con la efectividad de las multas de la Superfinanciera a los bancos, que -en su concepto- son muy bajas en comparación a las faltas y abusos contra los clientes.

"De nada sirve que a una entidad financiera se le multe con cinco millones de pesos por abusar de un cliente, si esa misma práctica irregular la aplica a los demás usuarios porque le resulta muy rentable", dice Salazar.

Por eso plantea la necesidad de que se fije un esquema de multas y sanciones ejemplares "para que las entidades financieras no abusen reiteradamente de sus clientes".

Menores costos para usuarios

María Mercedes Cuéllar, presidenta de la Asociación Bancaria, señala que la legislación vigente fija trámites engorrosos para constituir una garantía sobre bienes muebles e inmuebles, que resultan costosos.

La idea es que los deudores puedan dar fácilmente en garantía varias clases de bienes como flujos futuros de negocios, en el caso de las empresas. Las personas también tendrían nuevas opciones de respaldo para acceder a un crédito.

Aunque en teoría un colombiano puede ofrecer hoy sus electrodomésticos para respaldar un préstamo, el costo de hacerlo resulta muy elevado, y la banca no le 'jala' al negocio.

Por eso, la idea con la nueva ley es disminuir los costos de formalización de garantías.

El Gobierno también quiere reducir al menor tiempo posible los procesos judiciales para ejecutar garantías y evitar que duren 10 o más años como sucede hoy.

Estabilidad, la preocupación de los banqueros

Para los banqueros, hay temas muy sensibles que deben tener claridad como límites a las tasas de interés, inversiones forzosas, terminación de procesos jurídicos hipotecarios y protección a sus derechos como acreedores.

"La expectativa de cambios jurídicos lleva a que se disminuya y encarezca el crédito. Además, la estabilidad jurídica es un elemento clave para la bancarización", dice María Mercedes Cuéllar.

Aunque en un principio el tema de las tasas de interés de usura iba a ser tenido en cuenta por el Gobierno para darle claridad a la fórmula de cálculo, es probable que sea excluido de la reforma financiera por considerar que es muy espinoso para ser tratado por ahora en el Congreso.

De todas maneras, hace mucho que los banqueros quieren que se eliminen los topes a las tasas de interés para todo tipo de crédito, incluido el hipotecario.

Según ellos, las tasas de usura vigente en la legislación colombiana no hacen sino impedir que muchos colombianos reciban los servicios del sistema financiero, además de promover el crédito extrabancario de los agiotistas, cuyos intereses superan con creces los niveles de usura.

Por otra parte, los banqueros también quieren claridad en inversiones forzosas, que les representa muy bajos rendimientos para su negocio.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dice que es necesario eliminar el 4x1.000, desmontar los encajes marginales, abolir los complejos esquemas de tasas de usura y, en general, tener un sistema menos "reprimido".

Les meterán la mano a garantías bancarias

Además del proyecto de reforma financiera, el Gobierno está 'cocinando' un revolcón a las garantías que la banca exige para otorgar créditos.

Para ello, el Ejecutivo tiene listo el primer borrador de un proyecto de ley que podría presentar al Congreso en los próximos meses.

La iniciativa hará referencia a las garantías mobiliarias e inmobiliarias, dándoles a los bancos mecanismos más expeditos para recuperar esos bienes cuando sus clientes entran en mora en sus pagos.

También busca facilitar la constitución de nuevas garantías mediante la reducción de costos y trámites legales.

El tema es clave para los bancos, a los que les inquieta la terminación de los procesos jurídicos de las reliquidaciones hipotecarias, generadas por la crisis de la Upac de hace una década.

La banca estima que hay cerca de 6.000 procesos jurídicos que llevan más de siete años sin resolución judicial.

Los banqueros dicen que en el crédito hipotecario el tema es de primordial importancia, pues es muy engorroso recuperar un inmueble cuando el deudor entra en mora o decide no pagar más.

Por eso insisten en mayor celeridad jurídica en aspectos relacionados con sus derechos como acreedores.

"En Colombia, las obligaciones laborales y tributarias tienen prelación frente a las financieras", dice la presidenta de la Asobancaria, María Mercedes Cuéllar.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el tema de las garantías es sensible para que más colombianos accedan más fácilmente al crédito bancario.

La iniciativa señala también que existen barreras legales que impiden la constitución ágil de garantías, y no hay seguridad para que los acreedores recuperen un crédito y ejecuten la obligación por medio del bien dado por el cliente.

FERNANDO GONZÁLEZ P.
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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